Procuraduría formula pliegos de cargos contra dos oficiales enredados en vieja pelea de generales en la Policía

Por el presunto mal uso del robusto aparato de contrainteligencia con el que cuenta la Policía, la Procuraduría acaba de tomar una decisión que levantará ampolla en el interior de la institución. Formuló pliego de cargos contra el exjefe del área de contrainteligencia, coronel (r) Carlos Alberto Martínez, y contra el jefe del Grupo de Verificaciones Internas, teniente coronel Carlos Antonio Ardila. Una determinación que tendrá coletazos y revive uno de los enfrentamientos más duros que se ha dado en la Policía; el que protagonizaron, en 2019, el director general, Óscar Atehortúa, y el inspector general, William Salamanca.

La decisión que pone contra las cuerdas a Martínez y a Ardila tiene en común a un curtido investigador policial, el intendente jefe, César Augusto Quintero, quien en su momento fue la manzana de la discordia en la pelea entre Atehortúa y Salamanca. Además, es el denunciante de las presuntas irregularidades y abusos que habrían cometido estos dos altos oficiales de contrainteligencia.

El enfrentamiento se dio el 19 de diciembre de 2019. En ese momento, por decisión del director Atehortúa, el investigador de las irregularidades en la Policía, Quintero Ceballos, iba a ser relevado de sus funciones y trasladado a un lugar remoto del país. La noticia no venía sola, además, se iba a desintegrar el grupo que apoyaba al inspector general, William Salamanca, quien seguía las supuestas anomalías en la institución, entre ellas, una investigación contra un capitán que habría recibido a satisfacción el complejo de casas fiscales del Centro Nacional de Operaciones de la Policía (Cenop) en San Luis, Tolima, por más de 12.000 millones de pesos. Las mismas por las cuales la Procuraduría citó a juicio disciplinario al general Atehortúa en marzo de 2020 y cuyo fallo se encuentra pendiente.

En ese momento, además de la salida del intendente investigador Quintero Ceballos, Atehortúa mandó a vacaciones de 402 días a Salamanca. El asunto pasó a mayores. El Gobierno los llamó al orden y echó para atrás las decisiones, por eso, la determinación que acaba de tomar la Procuraduría se convierte en un capítulo más de este viejo pulso, que desde la otra orilla tiene a Atehortúa, al teniente coronel Carlos Antonio Ardila, quien lo ha acompañado en diferentes cargos en su carrera policial, y al coronel Carlos Alberto Martínez.

SEMANA tuvo acceso exclusivo al documento de formulación de cargos que emitió la Procuraduría contra estos dos últimos. El resultado los pone contra las cuerdas, los señala de “presuntas irregularidades relacionadas con la construcción de productos de inteligencia y contrainteligencia, con falsedad ideológica y descontextualización de la información recolectada y el posible incumplimiento al protocolo de guarda y protección de la información”.

En síntesis, Ardila y Martínez presuntamente habrían usado el aparato de investigación de la Policía, uno de los más reconocidos del mundo, para montar un proceso contra Carlos Alberto Meléndez, un coronel que estaba a punto de recibir su ascenso a general y fue bloqueado.

“Según la información entregada por los directos afectados y algunos funcionarios que participaron en la recolección, indica que a finales de marzo de 2018, se adelantó una verificación de asuntos internos dirigida por el teniente coronel Carlos Ardila Rocha, bajo la supervisión del coronel Carlos Alberto Martínez, en la que posiblemente fue descontextualizada y sobredimensionada la información obtenida en contra del coronel Carlos Alberto Meléndez, relacionada con su presunta amistad con personas vinculadas con actividades irregulares y el tráfico de influencias, para favorecerlos en procedimientos policiales adelantados en su contra”, señala la decisión conocida en exclusiva por este medio.

Se trata, según el pliego de cargos, de un intento de empapelar al coronel Meléndez con supuestos lavadores de dinero, y por haber intermediado para favorecer a dos personas, en situaciones distintas, para sacarlos de líos cuando eran requeridos por la Policía.

El primer caso se dio en Fontibón, cuando en medio de un procedimiento requisan una camioneta y al abrir el baúl se encuentran con la sorpresa de que era de un comerciante que llevaba botellas de whisky y bolsas repletas de dinero.

Dentro del expediente, señala uno de los testimonios, “los policías que vieron las bolsas se asustaron o emocionaron y dijeron frases como: ‘Yo conozco mucha gente que son lavadores, narcotraficantes’, también le habrían dicho que hicieran una “requisa en lo oscuro”.

El hombre se asustó, y como conocía a Meléndez lo llamó para pedir su ayuda, que consistió en llamar al comandante de la estación de Policía en Fontibón para exigir que el procedimiento fuera realizado en esa unidad y no en una calle oscura.

El segundo caso se dio en un conocido centro comercial de Bogotá, donde otro comerciante que también tenía dinero en efectivo fue requerido por la Policía. Él, por seguridad, llamó a un comerciante del sector de San Victorino para que le ayudara a constatar la identidad de los supuestos policías judiciales.

El comerciante conocía a Meléndez y lo llamó para buscar su apoyo, que consistió en enviar al sitio al comandante de la estación de Policía Teusaquillo para costatar que se trataba de un procedimiento legal.

Estos hechos fueron calificados como gravísimos por los hombres de contrainteligencia y alfiles del general Atehortúa, Carlos Alberto Martínez y Carlos Antonio Ardila, señala el documento, por “su presunta amistad con personas vinculadas con actividades irregulares y el tráfico de influencias”.

De fondo, según la denuncia, estaba la exigencia de dinero para permitir el ascenso del coronel Meléndez, que, señala el documento, se había planteado de este modo: “Dígale a su amigo que si quiere ser general que se baje del bus”. Sobre este asunto, la Procuraduría no pudo ahondar, pues el testigo falleció en la pandemia.

“En marzo se permitió que el coronel Meléndez Caicedo terminara sus estudios Cidenal, como requisito para ascender al grado de general, que debió causarse en diciembre de 2019, y solo en junio se le pidió su retiro voluntario”, el ascenso nunca se dio, y el caso hoy se traduce en una demanda contra la Nación.

Finalmente, la conclusión de la Procuraduría se convirtió en pliego de cargos contra los coroneles Martínez Rodríguez y Ardila Rocha, quienes tendrán que explicar por qué utilizaron el poderoso aparato de inteligencia de la Policía para, presuntamente, “perseguir” al coronel Carlos Alberto Meléndez.

Además, señala el documento de más de cien páginas, “las posibles irregularidades en la construcción y descontextualización del producto de contrainteligencia, así como las presuntas irregularidades porque los documentos de dicha verificación no reposan en el sistema de información y por el posible incumplimiento de deberes y funciones en el área”.

El caso que tiene a estos dos oficiales respondiendo disciplinariamente es uno de varios que adelanta la Procuraduría por la denuncia del intendente César Augusto Quintero.

En este viejo enfrentamiento que se revivió por la decisión del Ministerio Público, cada uno continuó su camino. Salamanca estuvo al frente del empalme con el Gobierno de Gustavo Petro y recientemente fue nombrado cónsul en Miami. El general Óscar Atehortúa también es diplomático, embajador en Australia; el teniente coronel Carlos Antonio Ardila sigue activo en la Policía.

Por último, el coronel Carlos Alberto Martínez fue llamado a calificar servicios, en julio de este año. Desde la institución dicen que aspira a regresar, pero a la Dirección Nacional de Inteligencia, y tiene un buen padrino, pues es cuñado del jefe de seguridad del presidente Petro, el coronel Carlos Feria.