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Procuraduría formuló cargos al alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, por presunta constitución irregular de empresa con fines catastrales
De acuerdo con el Ministerio Público, para estos fines debió crearse una industrial y comercial del Estado, por lo que se habría incurrido en una irregularidad.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al alcalde de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, por la presunta constitución de una sociedad de economía mixta para la operación de servicio público catastral.
De acuerdo con el Ministerio Público, para estos fines debió crearse una industrial y comercial del Estado, por lo que se habría incurrido en una irregularidad.
La Provincial de Instrucción de Fusagasugá señaló que el mandatario presentó a consideración del concejo municipal el proyecto, lo que provocó la expedición del acuerdo que lo autorizó y la firma posterior por parte del disciplinable del documento constitutivo de la sociedad Catastro Avanza S.A.S S.E.M.
Al parecer, Saldarriaga Gaviria habría omitido el deber de darle cumplimiento al Decreto Nacional 1983 de 2019, que contiene las disposiciones de los entes territoriales como gestores catastrales, lo que posiblemente lo hizo incurrir en falta disciplinaria al utilizar una norma distinta a la que aplica a este tipo de empresas.
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De igual manera, el ente de control formuló cargos al director financiero de la Dirección de Impuestos de la Hacienda de la Alcaldía Municipal, Camilo Andrés Cepeda Carrero, por supuestamente no adelantar las acciones pertinentes para la liquidación del impuesto predial 2021 en Soacha, valor que habría sido superior a lo ordenado en las disposiciones jurídicas vigentes para la época.
La presunta actuación de los funcionarios vulneró el principio de economía, por lo que de manera provisional el Ministerio Público la calificó en ambos casos como falta grave a título de culpa gravísima en el caso del burgomaestre y de culpa grave en el de Cepeda Carrero.
Posibles irregularidades en aumento del predial
Hace un tiempo se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a Juan Carlos Saldarriaga por presuntas irregularidades en el aumento del impuesto predial y la actualización catastral del municipio.
Lo que se busca determinar es si se aumentaron las tarifas en forma exagerada en 2020 y, por eso, se siguen indagando las presuntas irregularidades. La decisión del Ministerio Público cobija a 18 concejales del municipio, por lo que desde hace un tiempo se adelantan prácticas con la finalidad de determinar presuntas responsabilidades.
El año pasado, los habitantes del municipio de Soacha, Cundinamarca, calificaron los cobros del impuesto predial como “exagerados”. Esto los llevó incluso a protestar, pidiéndole al alcalde Juan Carlos Saldarriaga tomar cartas en el asunto; además, hicieron un llamado a la Superintendencia de Servicios para que intervenga.
De acuerdo con denuncias de medios locales en Soacha, el aumento en los avalúos catastrales osciló entre el 500 % y el 800 %, razón que originó que el cobro del impuesto predial para ese año superara incluso el millón de pesos, situación que tiene bastante preocupadas a las familias de sectores como El Encanto, Corinto y Prado - Los Rosales.
“Acá son apartamentos entre los 52 y 57 metros cuadrados, con avalúos que van desde los 80 hasta los 83 millones de pesos. En este conjunto llegaron avalúos en los que el más barato costaba 513 mil pesos (...); nos parecen absurdos estos cobros porque mi mamá tiene un apartamento en Alcalá (norte de Bogotá), sobre toda la autopista y allá paga como máximo 280 mil pesos”, dijo una de las ciudadanas afectadas en su momento
La exrepresentante a la Cámara, Betty Zorro, aseguró que se debían investigar “presuntas irregularidades de carácter disciplinario cometidas por el Concejo Municipal y el Alcalde de Soacha con ocasión de la creación de la empresa Catastro Avanza y los contratos generados con el propósito de llevar a cabo la actualización catastral del municipio de Soacha”, dice en el documento de la Procuraduría.
El Ministerio Público solicitó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los posibles hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, y establecer si actuó o no al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. Aunque este asunto se viene trabajando desde el año pasado, se espera que en los próximos meses haya decisiones finales.
