Procuraduría formuló cargos al exsenador Mario Castaño por inducir a alcaldes a elegir a personas cercanas para celebrar contratos

La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez, relacionadas con la intervención en la adjudicación de contratos estatales. Las acusaciones del Ministerio Público sugieren que el entonces político habría utilizado su posición para inducir a alcaldes a favorecer a personas afines a su estructura criminal en la celebración de contratos, con la intención de obtener beneficios económicos tanto para sí mismo como para terceros.

La Sala Disciplinaria de Instrucción ha examinado varios casos en los que se alega que el exsenador Castaño utilizó intermediarios para influir en alcaldes de diferentes municipios, incluyendo Piendamó y Suárez, en Cauca; Samaná, en Caldas; y Balboa, en Risaralda. Según las investigaciones, esta influencia indebida tenía como objetivo asegurar la adjudicación de contratos públicos y garantizar el posterior aprovechamiento de los recursos que de estos contratos se derivaban.

Además, se alega que Castaño Pérez, posiblemente, participó en la manipulación y direccionamiento de los contratistas del consorcio San Miguel, con el propósito de apropiarse de una suma de dinero que supera los $1.500 millones. Aunque el contrato fue formalizado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se sostiene que el exsenador mantenía una dirección influyente sobre el grupo que lideraba.

Un tercer caso involucra un supuesto intento de desvío de fondos provenientes del Ministerio de Cultura. La Procuraduría alega que Castaño Pérez habría utilizado a un miembro de su organización, para que $2.000 millones destinados a un proyecto fueran malversados, con $300 millones desviados hacia él y otra coautora.

La Procuraduría sostiene que “el funcionario habría irrespetado el ordenamiento normativo y su deber de actuar siempre en defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, a la que estaba obligado por su rol y la representación popular de la que estaba investido”.

Las acusaciones han sido calificadas provisionalmente como faltas disciplinarias de carácter gravísimo a título de dolo. El proceso en curso definirá la veracidad de las acusaciones y determinará si el exsenador Castaño Pérez será declarado culpable de los cargos que enfrenta.

La caída del poderoso senador Mario Castaño

Mario Castaño Pérez actuó con la “voracidad propia de los corruptos”. Esta lapidaria frase se desprende del fallo, de 189 páginas, que lo condenó a 15 años y 11 meses de prisión, en uno de los casos de corrupción más grandes y complejos de los que se tenga memoria, revelado por SEMANA a comienzos de marzo de 2022.

Durante años, el senador, uno de los dirigentes políticos más reconocidos del Eje Cafetero, aprovechó su cargo para montar una verdadera empresa criminal, conocida como ‘Las Marionetas’. Se dedicaban a rastrear todo tipo de contratos de obra pública, recreación y prevención del riesgo, con complicidad de alcaldes y aprovechando su influencia, para quedarse con ellos a cambio de coimas y embolsillarse millonarias sumas de dinero.

El político, que ni sonaba ni tronaba en el Congreso, se movía como un tiburón en las aguas de la contratación pública. Así lo relata en detalle la sentencia de la Corte Suprema, en la que se expone cómo llegó a los Ministerios del Deporte, Cultura, Interior y Hacienda. También a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como a las alcaldías de varios municipios de Caldas, Cauca, Quindío, Tolima, Risaralda y Chocó, con sus respectivas gobernaciones. Sus tentáculos parecían no tener límite.

Como quedó demostrado en los audios revelados por SEMANA, los alcaldes, contratistas, gobernadores y hasta particulares sabían que, para garantizar el desembolso de dinero por parte del Gobierno, el camino más efectivo era llamar a Mario Castaño o fijar reuniones con la lobista Nova Lorena Cañón, su mano derecha. Ella llegó a un acuerdo con las autoridades para colaborar con la justicia y salpicó al excongresista.

En los audios, Castaño hablaba sobre la forma cómo debían negociarse los contratos, las comisiones y los funcionarios del Gobierno a los que se debía buscar. Prueba de esto es una comunicación del 2 de marzo de 2022 en la que le reclama airadamente a Nova Lorena por la entrega de sobornos que se le estaban dando al alcalde de Armero Guayabal, Medardo Ortega, sin su consentimiento.

“No, mija, es que eso es irresponsable, Lorena, la gente no entiende que la vida no es así, la gente nunca entiende que deben ser organizados y juiciosos. Dios me ayudó mucho dejándome formar como contador, porque yo tengo un complemento que requería para la vida”. Frente a esta situación, su lobista de confianza intentó calmarlo asegurando que buscaría la forma para que le entregaran la comisión por una obra de canchas sintéticas.

Fue tal el poder de Castaño que llegó a manejar las nóminas de entidades como la Contraloría, el Sena, la Procuraduría y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en su departamento natal.

Los interesados en un puesto tenían que enviarle la hoja de vida y dar su palabra de que, en agradecimiento, le iban a dar el 10% del valor consignado en el contrato de prestación de servicios.

También tenía cargos en el Congreso de la República, donde su novia, Daniela Ospina, también detenida por ser una pieza clave en el entramado de corrupción, tenía un contrato fantasma en el que al parecer su única responsabilidad era cobrar puntualmente el sueldo.

En esta red, desde la sombra, hay otro hombre de confianza, Juan Carlos Martínez, prófugo de la justicia, encargado de planear las reuniones importantes con funcionarios de alto perfil de ministerios y entidades.

En las interceptaciones de los agentes del CTI, se escucha la forma descarada como cuadran los contratos. “¿Qué hace, loca?”, le contestó Castaño cuando Martínez le informó que se había reunido con el candidato para un cargo en la Contraloría con una asignación salarial de 13 millones de pesos. El nombre no convencía al senador, pues necesitaba “una persona que ponga voticos”.

Para la Corte, Mario Castaño utilizó los conocimientos adquiridos como profesional de Contaduría Pública, así como los posgrados en Finanzas y Administración, para hacer el mal. “Optó por prestar su voluntad a los ilícitos objetivos trazados por la organización criminal, a sabiendas de que con su actuar lesionaba pluralidad de bienes jurídicamente protegidos, poniendo precisamente al servicio de intereses particulares la función que encarnaba como congresista”.

Tanto es así que, una vez detenido y viendo cómo sus antiguos cómplices decidían aceptar cargos por este capítulo de corrupción, agachó la cabeza y le pidió a la Corte que le emitiera una sentencia anticipada. “No se tiene noticia de que hubiera ejecutado las conductas antijurídicas condicionado por algún tipo de perturbación psíquica o inmadurez psicológica que le impidiera comprender y acatar mandatos legales”, advierte la sentencia, que dejó sin piso los alegatos de su defensa.

Castaño fue condenado. Sin embargo, la historia de las Marionetas no ha terminado. Varios hechos delictivos –como la búsqueda de contratos de canchas sintéticas en los municipios de Suárez y San Diego (Cauca), así como los proyectos de Sacúdete al Parque en Armero Guayabal (Tolima) y Villamaría (Caldas)– tendrán que ser investigados por la Sala de Instrucción, por lo que se expone a una nueva condena.

Pese a haber sufrido dos infartos en la cárcel La Picota, la Corte consideró que no se le puede otorgar la detención domiciliaria. Igualmente, le impuso una multa de 1.060 millones de pesos y la inhabilidad para contratar con el Estado. En este caso, la justicia cumplió y el corrupto Castaño se quedará en prisión.