Procuraduría advierte a minTrabajo graves riesgos de la reforma pensional: “Colpensiones no está preparada”

Ante la aprobación en el Senado del segundo debate de la reforma pensional, que tiene a los colombianos pendientes de lo que será su futuro y cómo cotizarán su pensión, la Procuraduría General le advirtió a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre los riesgos de sostenibilidad financiera que afronta en el futuro el régimen pensional.

En un comunicado, el ente de control manifestó que dicha aprobación y la reforma “no contó con los estudios técnicos y recomendaciones realizadas por diferentes expertos”.

“El Senado aprobó el texto de la reforma pensional con modificaciones, sin una discusión técnica y completa del articulado. Al votar en bloque algunos de ellos, no se atendieron los diferentes análisis poblacionales, demográficos, laborales, técnicos, económicos, fiscales, entre otros, realizados por la academia, expertos en pensiones, centros de estudios sociales, económicos y financieros (Anif, Fedesarrollo etc)”, indicó el oficio.

Además manifiesta que “tampoco se tuvieron en cuenta los diferentes análisis técnicos, jurídicos y financieros expuestos por Asofondos, los cuales buscan garantizar los derechos de los afiliados, los ahorros y la sostenibilidad financiera del sistema”.

La Procuraduría también resaltó que se ha dado a la tarea de plantear, “en distintos escenarios académicos, que el proyecto de reforma pensional debe contar con cálculos actuariales y estudios de impacto fiscal”, para que puedan asegurar su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.

“Tomando en cuenta para ello, entre otros factores, la creciente informalidad laboral y transición demográfica que permiten prever el aumento de la población adulta mayor, respecto de los aportantes al sistema”.

En la misiva también le dijo a la ministra Ramírez, como lo señaló en sus declaraciones en el noticiero CM& hace unos días: “En 12 o 15 años, se necesitaría hacerle ajustes a la pensional”, al cuestionarle “¿Por qué no revisar los aspectos legales que se requieran en este momento para lograr una reforma acorde con las necesidades actuales y futuras del país?”.

En el documento recalcó que la reforma “no amplió de ninguna manera cobertura”.

“Los pilares solidarios y semicontributivo ya hacen parte de la legislación Colombiana; podrían modificarse a través de decretos y con cargo al Presupuesto General de la Nación”, por lo que hace necesario “proteger los recursos de los afiliados a los fondos privados y no utilizar sus ahorros para el pago del pilar solidario y semicontributivo contenidos en el proyecto, que, como se ha manifestado, ya existen legalmente”.

“Para aumentar la cuantía de las transferencias no se requiere ley, sino esfuerzo fiscal del Presupuesto General de la Nación. Reiteramos que estos 2 pilares no deben subsidiarse con los aportes de los afiliados al Sistema General de Pensiones”, recalcó.

Conformación de un fondo público

Según la Procuraduría, uno de los aspectos más delicados y graves de la reforma pensional tiene que ver con la conformación de un fondo público, con los recursos de los cotizantes afiliados a las AFP que pasarían a Colpensiones.

“La iniciativa inicial de la conformación de este Fondo es riesgosa, máxime cuando tenemos antecedentes históricos de los manejos administrativos que hacía el Gobierno de turno con el ISS, por lo que es grave para el país que este fondo estuviera a cargo de Colpensiones. En el debate se estableció que será el Banco de la República quien administre este fondo, lo cual es importante para asegurar la correcta disposición y destinación de los recursos de los ahorradores; no obstante, es necesario profundizar al respecto”, aseguró.

También le hace un llamado a la ministra sobre la fecha de entrada en vigencia de la reforma, que sería en 2025, para que sea revisada, “dado que Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa ni operativa para la implementación de la norma”.

Y advierte además que, para llevar a cabo ese proceso, “se requieren mínimo 2 años para iniciar la implementación paulatina del nuevo modelo propuesto”, al tiempo que recordó cómo fue el traumático paso de los afiliados del ISS a Colpensiones.

“Desencadenó en la declaración del estado de cosas inconstitucional, dada la vulneración de miles de derechos de afiliados, a través del desconocimiento de su historia laboral y la demora en las decisiones del reconocimiento de sus prestaciones económicas y atención a los derechos de petición”.

Colpensiones: congestión y retrasos

El documento, que está firmado por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda Visbal, informa que durante el tiempo que le ha hecho seguimiento a Colpensiones se efectuó una alerta, desde el segundo semestre de 2023, sobre la situación de la entidad. El panorama no es alentador.

“Se refleja la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas, que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, subrayó.

Detalló también que, “con el estado actual de la entidad y las decisiones administrativas adoptadas en los últimos meses, se genera una alerta ante la eventual implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones, que, ni siquiera con los planes de contingencia dispuestos en diciembre de 2023 para superar los atrasos, logró atender las prestaciones económicas de su actual población afiliada”.

“La meta era llegar al 31 de diciembre de 2023 con 5.500 solicitudes vencidas, como lo señalan en el informe del 20 de octubre de 2023. Nos informaron que el total de trámites vencidos para el cierre de vigencia fue de 8.609 asuntos pendientes de gestión, con vencimiento de términos”, indicó.

Así las cosas, Visbal manifestó que, de entrar en vigor la reforma, “no permitirá realizar las modernizaciones necesarias, teniendo en cuenta que Colpensiones no está preparada para asumir la implementación de este proyecto de reforma, pues carece de desarrollos tecnológicos, capacidad administrativa y operativa”.

Por último, hizo un llamado para que, cuando la iniciativa entre a debatirse en la Cámara de Representantes, sea “de una manera técnica, profesional, analizada, sin sesgos, sin aprobaciones en bloque. Debe buscar el consenso y contar con estudios actuariales, respetar, en todo caso, los ahorros de los afiliados”.