JUDICIAL
Procuraduría impugna fallo de juez que se negó a casar a dos mujeres
El órgano de control le recordó a Ramiro Eliseo Flórez, juez décimo civil de Cartagena, que debe respetar el orden jurídico del país que ampara los derechos de la comunidad LGBTI.
Apelar a su "moral cristiana" para rechazar el matrimonio civil de dos mujeres en Cartagena tiene a Ramiro Eliseo Flórez en la mira de varias instituciones judiciales en el país.
La Procuraduría emitió su concepto sobre el fallo del juez décimo civil y anunció que acudirá a una acción de tutela para que se protejan los derechos de las parejas del mismo sexo.
"El órgano de control pidió al juez de Cartagena respeto por la dignidad humana y garantizar el principio a la igualdad de las ciudadanas, y recordó que los jueces por excelencia son los llamados a respetar y a hacer cumplir el ordenamiento jurídico, desprovistos de todo tipo de subjetividades y con repudio absoluto de la discriminación y la desigualdad", indicó la entidad mediante un comunicado.
Aunque Flórez reconoció en su decisión que existen sentencias de la Corte Constitucional a favor de la comunidad LGBTI, el juez y abogado agregó que "cuando existe conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios", prefiere la ley de Dios. Argumento que para la Procuraduría significa un desconocimiento del Estado social de derecho por el que se rige Colombia y un desacato a las directrices de la Corte Constitucional.
El órgano de control hizo referencia a la sentencia 214 de 2016 que ratificó el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio igualitario y que se logró después de una ardua batalla en los estrados judiciales para que su unión fuera reconocida bajo la figura de familia.
De otra parte, Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, envió un oficio a la Sala Disciplinaria de la seccional Bolívar para que investigue la acción del juez Flórez al anteponer sus creencias religiosas sobre las leyes.
"Resulta prioritario que se investigue y evalúe la eventual comisión de faltas disciplinarias en este caso, teniendo en cuenta que las decisiones judiciales han de fundamentarse en derecho como garantía y protección del derecho de acceso a la administración de justicia de todos los ciudadanos", explicó Remolina Botía en el documento.
