Procuraduría indaga sobre posibles fallas en procesos de evaluación de riesgos en la Unidad Nacional de Protección

A la Procuraduría llegó una grave denuncia de uno de los sindicatos de la Unidad de Protección, Asep, Asociación Sindical de Empleados de la Protección, en donde se advierte por posibles faltas que se vendrían presentando en la subdirección de riesgos.

De acuerdo con la denuncia que indaga el Ministerio Público, se señala: “Por lo visto, la dirección de la UNP ha improvisado al contratar perfiles sin la idoneidad, formación y experiencia, además de presentar carencias en los procesos de inducción, acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las cargas asignadas al personal contratado para hacer estudios de riesgo. A esto se le añade la rotación desmesurada del mismo que no permite responder eficientemente con los estudios de riesgo asignados”.

Agrega la denuncia en poder de la Procuraduría: “Solicitar que se revise el plan de contingencia empleado para la reasignación de casos no gestionados, conservando la continuidad del proceso interno de esas órdenes de trabajo, que habían iniciado la ruta hace meses. Según informan, ahora la subdirectora pretende iniciar nuevamente el estudio de riesgo, sometiendo al evaluado a otra larga espera”.

Así mismo agrega la denuncia: “En paralelo, la dirección de la UNP decidió terminar el convenio de personal de técnicos en análisis de riesgo suscrito con la Policía Nacional, que contaba con personal con experiencia y experticia en estas labores. Decisión acertada, pero debió prever que no afectara el proceso de la ruta de protección en términos de celeridad, oportunidad y calidad, dando cumplimiento al marco normativo de la UNP y los procedimientos internos, que garanticen la presentación de un trabajo conforme y una respuesta oportuna al solicitante de protección”.

“También preocupa a nuestra organización sindical la posible vulneración a los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos a quienes se está evaluando por primera vez y como consecuencia de haber dejado las órdenes de trabajo varios meses asignadas a analistas de riesgo que finalizaron vínculo contractual con la UNP sus solicitudes no han sido evaluadas y, por ende, el Cerrem no ha definido si se requieren medidas de protección especiales para salvaguardar los derechos a la seguridad, libertad integridad y vida”, agrega la queja radicada ante la Procuraduría General de la Nación.

Es de anotar que la UNP ha estado en los principales titulares de las noticias por otras acciones como, por ejemplo, el robo de 17 camionetas en Bogotá, a uno de los contratistas que presta el servicio de los vehículos blindados a la entidad. Pues en algún momento se creyó que este hecho, sumado a otros al interior de la entidad y un posible enfrentamiento entre contratistas de la UNP podría poner en riesgo la protección de las personas con esquemas de seguridad activos.

Incluso, el director de la UNP, Augusto Ramírez, sobre este último aspecto denunció que existe una cartelización dentro de la entidad que va en deterioro de los intereses económicos y el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección. “Hay una situación de dos carteles enfrentados, cómo se han organizado y se han distribuido en dos grupos poniendo al Estado en una situación de arrodillamiento”, dijo Ramírez a SEMANA.