Procuraduría inicia indagación para establecer responsables en contrato irregular para construir casas fiscales

A preguntar en un lado y otro. Esa es la tarea que inicia la Procuraduría General, que acaba de ordenar el inicio de una indagación para establecer qué tanta responsabilidad tienen los funcionarios del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional, en las presuntas irregularidades que el ente halló en dos contratos para la construcción de unidades residenciales en los municipios de Nilo, Cundinamarca, y Buenavista, La Guajira.

Según la Procuraduría, la Regional de Instrucción de Cundinamarca habría recibido información, según la cual, se registró una posible pérdida de recursos, porque fueron suspendidas las obras que se adelantaban en 36 casas que debían ser entregadas dentro de los nueve meses siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.

Las fechas de entrega entonces pasaron hace mucho rato, pues los contratos mencionados provienen de 2019 y 2021, y los recursos involucrados no son de poca monta.

De acuerdo con lo manifestado por el Ministerio Público, las obras se habrían suspendido en agosto, mientras que los negocios jurídicos se vencieron hace tiempo y, hasta el momento, no hay ninguna claridad acerca de la utilización de los mencionados anticipos.

Ya han aplicado multas

La Procuraduría señaló que alrededor de esta situación ya se han aplicado multas y procesos sancionatorios, debido a incumplimientos parciales de los contenidos de los contratos.

Ahora, según confirmó el Ministerio Público, la actuación disciplinaria que acaba de iniciar, “busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.