Judicial
Procuraduría inicia investigación por denuncias acoso sexual a jóvenes que prestan servicio militar en cárcel de Valledupar
El Ministerio Público buscar esclarecer tres denuncias de los funcionarios frente al presunto abuso de sus superiores en la cárcel.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Cesar, en relación con las denuncias de presunto acoso sexual hacia jóvenes que realizan el servicio militar en la institución.
El Ministerio Público está verificando la información relacionada con tres casos que han sido presentados ante la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga la posible comisión de delitos de acoso sexual y abuso de autoridad por parte de los dragoneantes hacia los funcionarios públicos.
La Procuraduría busca esclarecer la ubicación de los supuestos incidentes, examinar las acciones de los funcionarios adscritos a la penitenciaría en relación con las posibles conductas irregulares y determinar si se han vulnerado los derechos de los jóvenes involucrados en estos eventos. Ante esto, la Regional Cesar de la Procuraduría está evaluando si las declaraciones de los funcionarios respecto a los servidores de la cárcel constituyen faltas disciplinarias.
Procuraduría abre indagación por ‘Cartel de La Picota’ denunciado por SEMANA
Por otro lado, este lunes, 18 de septiembre, la Procuraduría General abrió una investigación preliminar sobre la red de corrupción que operaba dentro de la cárcel La Picota de Bogotá, donde guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presuntamente facilitaban actividades ilegales a cambio de sobornos.
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Esta red, revelada por SEMANA, involucraba a funcionarios del Inpec que transformaron una oficina en La Picota en un centro de operaciones para sobornos y extorsiones, permitiendo a reclusos acceder a drogas, alcohol, teléfonos celulares, autorizaciones falsas de salidas por motivos médicos e incluso traslados a otras prisiones en vehículos particulares.
La millonaria trama de corrupción implicaba permisos de salidas médicas ficticias, diligencias judiciales fraudulentas y encuentros amorosos en las cárceles, todo con la complicidad de los guardias que aprovechaban su estatus sindical para evadir sanciones y pesquisas.
La Procuraduría inició esta indagación previa contra los funcionarios del Inpec “por presuntos cobros a cambio de servicios ilegales en la cárcel Picota de Bogotá”. La investigación se enfocará en determinar si los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, así como los funcionarios administrativos del centro penitenciario, ofrecían servicios ilícitos a los reclusos, como permisos de salida, visitas no autorizadas y el ingreso de armas, drogas y alcohol, a cambio de dinero.
“El ente de control investigará si funcionarios de la entidad incurrieron en faltas disciplinarias, por un supuesto cartel que ofrecía un catálogo de servicios ilegales en el centro penitenciario en la capital del país”, señaló el ente de control.
El proceso incluirá la recolección de pruebas, interrogatorios, registros, declaraciones y análisis técnico-científicos, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados en La Picota, ubicada al sur de la ciudad de Bogotá.
“La Procuraduría realizará la indagación previa para identificar a los presuntos irresponsables y determinar si se presentaron faltas disciplinarias por parte de servidores, a través de la solicitud de pruebas, interrogatorios, registros, declaraciones y análisis técnico-científicos, que buscarán aclarar los hechos denunciados en La Picota, al sur de la ciudad de Bogotá”, añadió el Ministerio Público tras ponerle el ojo a la denuncia hecha por SEMANA.
Y es que desde la oficina de domiciliarias (detenciones) en la cárcel La Picota, de acuerdo con una investigación en la dirección anticorrupción de la Fiscalía, cientos de privados de la libertad encontraron la manera de salir y entrar como ‘Pedro por su casa’ solo con pagar un peaje, una extorsión de los funcionarios vinculados que tenían un escandaloso catálogo de servicios ilegales. Además de estos permisos, está el ingreso de licor, teléfonos, drogas, visitas, prostitutas... Un largo menú.
