Procuraduría insta al Gobierno a proteger a más 27.000 personas en riesgo de confinamiento por paro armado del ELN en el Chocó

Aunque el ELN y el Gobierno del presidente Gustavo Petro notificaron la prolongación por seis meses de cese al fuego, el grupo guerrillero anunció el pasado jueves el inicio de un nuevo para armado que busca confinar a las comunidades del Chocó.

La orden, que fue emitida por el frente de guerra occidental Ómar Gómez, cobija a los ríos San Juan, Sipí y Cajón, viéndose afectadas las comunidades indígenas que, otra vez, tendrán que encerrarse en sus territorios hasta que las autoridades les den garantías de protección.

Frente a esto, la Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese del fuego bilateral con el ELN, para que emita las alertas pertinentes para proteger a más de 27.000 personas del Chocó, que están en riesgo de confinamiento.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, sostuvo que esa acción anunciada por el grupo guerrillero bajo ninguna perspectiva es compatible con la reciente prórroga del cese al fuego bilateral.

“Hacemos un llamado al mecanismo de monitoreo y verificación para que emita las alertas pertinentes, comoquiera que están en riesgo de confinamiento más de 27.000 personas de la población civil de este departamento”, señaló el procurador delegado.

En segundo lugar, instó al “comisionado de Paz, Otty Patiño, y a la jefa de la delegación de paz del Gobierno nacional, Vera Grabe, para que actúen de manera inmediata y de esta manera se protejan los derechos humanos de esta población”.

Defensoría del Pueblo puso en su sitio al ELN por paro armado

El anuncio del paro armado fue tan repudiable que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, y la propia Defensoría, emitieron un comunicado sobre el mismo. Esto fue lo que indicaron:

“’No han pasado cuatro días desde cuando las delegaciones de paz del Gobierno nacional y del ELN acordaron la prórroga del cese al fuego por 180 días en Colombia, y ya el Frente de Guerra Occidental del grupo rebelde anunció por medio de un comunicado, el cual rechazamos tajantemente, un paro armado en el departamento del Chocó', manifiesta el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El paro armado, primero del año, el cual entrará en vigor a partir de las cero horas del 10 de febrero en la subregión del San Juan, particularmente en los municipios de Istmina, litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, enfatiza Camargo Assis, ‘es una clara violación a las libertades de la población civil. Esto implicaría el confinamiento de alrededor de 27.000 personas’.

Para la entidad de derechos humanos, es imperioso que el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental, este último delinque en el departamento de Arauca, se incorporen y ciñan a las negociaciones de paz que actualmente son adelantadas entre el Gobierno central y la guerrilla a la que pertenecen.

“Lo dijimos hace contados días y lo retiramos una vez más: de darse una posible finalización de la lucha armada del grupo armado ilegal, vía conversaciones, es clave que los dos frentes se sumen a los diálogos, con la finalidad de evitar que no sean la génesis de futuras disidencias, situación que tendría como cruel consecuencia el prolongamiento del conflicto armado tanto en Chocó como en Arauca”.

Desde 2018, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría ha emitido 42 documentos de advertencia y prevención sobre los peligros a los que están expuestos los habitantes del departamento, que históricamente han tenido que padecer la crudeza del conflicto armado interno.