Judicial
Procuraduría investiga a dos exgobernadores de La Guajira por presuntas irregularidades en Programa de Alimentación Escolar
Todo parece indicar que presentaron retrasos en los 12 municipios no certificados de La Guajira para atender a la población estudiantil.
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra los exgobernadores encargados de La Guajira, José Jaime Vega Vence (2022 – 2023) y Diala Patricia Wilches Cortina (2023), por presunta omisión en la planeación y operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2023.
De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, hubo retrasos en los 12 municipios no certificados de La Guajira para atender a la población estudiantil infantil no étnica y de la indígena, debido a problemas en los trámites contractuales que, según la Procuraduría, pudieron ser previstos antes del inicio del año escolar.
La investigación también incluye al exsecretario de Educación, Adaulfo Adolfo Manjarrez Mejía, basándose en un informe de la entidad territorial certificada en educación que reportó inconsistencias hasta el 23 de febrero.
La Tercera Delegada para la Contratación Estatal está a cargo del caso y ha solicitado pruebas para verificar los hechos denunciados.
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“Con la solicitud de pruebas que se hizo, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, detalló la Procuraduría.
Llamado de la Defensoría para garantizar el PAE
El pasado primero de febrero, en el marco del inicio del calendario escolar, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, lanzó un llamado urgente a las entidades territoriales, a nivel departamental y municipal, para garantizar la prestación continua del Programa de Alimentación Escolar a lo largo de todo el año.
Camargo Assis enfatizó la importancia de que ningún niño, niña, o adolescente se vea afectado por posibles “inconsistencias en la continuidad, inocuidad y calidad del PAE”. Hizo hincapié en que los alimentos deben entregarse en perfectas condiciones y con calidad, sin que se vean afectados sus derechos en ninguna circunstancia.
“Deben recibir los alimentos en perfectas condiciones, con calidad; sus derechos no pueden verse afectados, de ninguna manera”, indicó el defensor del Pueblo.
Hallazgos alarmantes del PAE en 2023
A partir de las investigaciones realizadas durante el 2023 en diversos territorios, la Defensoría identificó graves irregularidades que afectaron los derechos de la niñez y adolescencia beneficiaria del PAE. El Protocolo Defensorial reveló que el 28,3 % de las instituciones educativas visitadas entregaron alimentos en mal estado. Además, el 10,1 % no tuvo en cuenta los grupos de edad en los complementos alimentarios, y el 10 % no incorporó los usos y costumbres, generando un desperdicio significativo
La Defensoría aplicó el protocolo en 138 instituciones educativas en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Sucre, donde recogió la voz de alrededor de 1900 niñas, niños y adolescentes beneficiarios del PAE. Adicionalmente, hizo entrevistas a padres, madres, cuidadores, directores de los centros educativos, operadores y secretarías de Educación y Salud.
“Los beneficiarios recibieron alimentos en mal estado, situación presentada en el 28,3% (en promedio) de las aplicaciones realizadas; además, las condiciones de infraestructura y el menaje eran insuficientes. Tal y como quedó registrado en los cuatro boletines emitidos por la entidad de derechos humanos en la vigencia pasada, basados en la aplicación del Protocolo Defensorial, una de las mayores barreras identificadas en las entrevistas con directivos de las instituciones educativas fue la falta de inversión de las entidades territoriales certificadas (ETC) en el mantenimiento y construcción de las infraestructuras donde se ejecuta el Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas, lo cual generó que no se pudiera prestar en óptimas condiciones”, determinó la entidad.
