Procuraduría investiga acoso laboral en Colpensiones; funcionaria asegura ser víctima de discriminación por su apariencia física

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación formal contra Yina Paola Saavedra Espinosa, jefe de Control Interno Disciplinario de Colpensiones, por presuntas acciones de acoso y persecución laboral.

La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por la funcionaria María Catalina Guarnizo García, en la que alega haber sido víctima de maltrato laboral por parte de Saavedra Espinosa durante el período comprendido entre 2018 y 2020.

De acuerdo con la denuncia de Guarnizo García, se habrían producido repetidos incidentes de maltrato verbal por parte de Saavedra Espinosa, que incluían comentarios descalificadores e irrespetuosos relacionados con sus responsabilidades laborales y su apariencia física, en presencia de otros empleados de la entidad.

Además, la Procuraduría está investigando las supuestas restricciones impuestas por Saavedra a Guarnizo en la legalización de sus permisos para asistir a citas médicas después de haber sufrido un accidente laboral. La denunciante también asegura que experimentó un trato discriminatorio en comparación con otros trabajadores.

El Ministerio Público ha ordenado la realización de pruebas necesarias para esclarecer los hechos y determinar si constituyen una falta disciplinaria.

Caso de maltrato laboral contra funcionaria del Servicio Geológico Colombiano

Otro caso de presunto maltrato laboral ocurrió al interior del Servicio Geológico Colombiano (SGC). En una preocupante situación, SEMANA conoció testimonios de empleados activos y una excontratista del SGC que expresaron su inquietud por el estado de salud de Andrea Barón, técnica operativa en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Barón, quien es madre soltera y lleva más de tres años trabajando en la institución, dicen sus compañeros, se destacó siempre por su compromiso laboral. Sin embargo, su situación habría cambiado radicalmente desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro, que nombró a Julio Fierro, activista y geólogo, como director de la entidad.

Con la nueva administración, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo quedó sin dirección durante un tiempo, lo que, según los testimonios, llevó a una sobrecarga de trabajo para Barón. Una excompañera cercana relató que Andrea “no tenía límites de horario para colaborar” y que “cargaba con todas las responsabilidades, incluso hasta altas horas de la noche”.

Además de la carga de trabajo, Barón habría sido trasladada de oficina a una bodega llena de cajas de indumentaria y otros equipos utilizados en las salidas de campo. La denuncia reveló que recibió correos electrónicos en los que pedía ayuda con el inventario y la entrega de equipos, a pesar de que esta no era su responsabilidad.

El punto crítico de la situación llegó el 9 de junio, cuando la secretaria general del SGC, María Alejandra Quintero, y la coordinadora de Talento Humano, según los testimonios, regañaron fuertemente a Barón por el estado de la bodega. Como resultado, la trabajadora fue expulsada de la bodega entre lágrimas y visiblemente afectada por la reprimenda.

A raíz de este trato, Barón tuvo que buscar atención médica y se le diagnosticó trastorno mixto de ansiedad y depresión. A pesar de estar incapacitada, siguió recibiendo correos laborales y, según los informes, no se hizo seguimiento a su condición psicológica.

La trabajadora ha estado incapacitada durante dos meses y ha sido hospitalizada en clínicas psiquiátricas. Además, denuncian, no ha recibido su salario completo debido a su condición.

A pesar de que se presentó una queja por acoso laboral ante el comité de convivencia laboral, los empleados afirman que la dirección del SGC no ha tomado medidas adecuadas. Incluso, el hijo menor de Barón envió un correo a la entidad solicitando apoyo, ya que se le negaron las vacaciones necesarias para su recuperación.

En este momento, los compañeros de Andrea están profundamente preocupados por su bienestar y temen que la situación se agrave. SEMANA consultó al Servicio Geológico Colombiano sobre la situación de la funcionaria, pero la entidad decidió no pronunciarse al respecto.