Procuraduría investiga el paradero de $1,2 billones que MinSalud destinó para construir hospitales y comprar equipos médicos

La Procuraduría General, a través de la procuradora delegada para la Salud, Diana Ojeda, está investigando el destino de $1.2 billones que habrían sido entregados por el Ministerio de Salud para la construcción de hospitales y la adquisición de equipos médicos extramurales.

De acuerdo con la investigación en curso, todo parece indicar que no se encuentran registros de los controles ni la planeación correspondiente a estos traslados de recursos.

“Desde diciembre 28 del 2022, se trasladaron 49.000 millones de pesos para los equipos básicos extramurales. Después, se trasladaron 249.000 millones de pesos para la construcción de hospitales, equipos extramurales, etc. Y en los tres últimos meses del año pasado, se trasladaron a los entes territoriales 1.2 billones para lo mismo, para comprar ambulancias, construir hospitales, para equipos extramurales y para pagar honorarios. En las resoluciones no aparecen ni los controles ni la planeación y a eso estamos haciendo seguimiento y en su momento se enviará al operador disciplinario”, aseguró la procuradora delegada, quien solicitó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, conocer qué pasó con los recursos.

Según la delegada del Ministerio Público, los actos administrativos “no cuentan con información suficiente relacionada con los proyectos a cofinanciar“, por lo que pidió al ministro Jaramillo aclarar lo sucedido.

“Todo lo anterior expone que el Ministerio de Salud, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, asignó recursos por 1.2 billones de pesos a diferentes hospitales del país, para financiar proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria por un valor total de $508.318.646.246, para conformación de equipos básicos en salud por un valor de $489.519.514.495, proyectos de transporte asistencial por $78.349.095.958 y pago de acreencias (honorarios, laborales, créditos judiciales, entre otros) por $148.640.000.070. Sin embargo, al revisar estos actos administrativos, es común encontrar que no cuentan con información suficiente relacionada con los proyectos a cofinanciar”, se detalló en el informe remitido al ministro Jaramillo.

Uno de los casos que expuso la procuradora Ojeda en esta investigación es la adquisición de los equipos básicos de salud. Según puso como ejemplo, “las resoluciones no definen el número de meses de estos equipos, en relación con la cofinanciación de proyectos de transporte asistencial; se encuentran diferencias de hasta 300 millones de pesos en los valores asignados para el mismo tipo de transporte y en algunas oportunidades no se desagregan los valores a asignar”.

Ojeda también señaló que otro aspecto bajo seguimiento es la insuficiencia en los pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo cual, junto con la falta de ajustes presupuestarios, estaría generando una crisis financiera en el sistema de salud y dificultando que las EPS puedan cumplirles a los proveedores y prestadores para garantizar el derecho a la salud.

“Está llevando a esta crisis financiera y la imposibilidad de que las EPS puedan cumplirles a los proveedores y prestadores para garantizar el derecho fundamental a la salud”, agregó la procuradora delegada.

Por otra parte, la Procuraduría está investigando posibles presiones a interventores de la Superintendencia de Salud en hospitales públicos por parte del Ministerio de Salud, y no descarta profundizar en este tema.

“Sí, ha habido casos. Las presiones que denunció el interventor del Chocó. En lo que va corrido de este año y finales del año pasado, tres interventores cambiados por este gobierno porque no satisfacen las necesidades de la Superintendencia, que es la que los delega (…). Pasará al operador disciplinario de la Procuraduría General”, añadió.

Para la representante del Ministerio Público, es esencial aclarar el paradero de los recursos, ya que “el sector salud está afrontando una crisis que exige del Gobierno acciones eficaces para asegurar el debido flujo de recursos y la sostenibilidad financiera del sistema. A la fecha, se presentan demoras en el pago de obligaciones legales con las EPS”.