Procuraduría investiga presuntas irregularidades en programa ‘Mi Familia’ del ICBF: “se habrían registrado datos falsos”

La Procuraduría General inició una investigación preliminar contra funcionarios por determinar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de Nariño, por presuntas irregularidades en el registro de familias vulnerables atendidas por el programa ‘Mi Familia’.

El Ministerio Público indaga si hubo una falsificación de datos en relación con el número de hogares atendidos en virtud de un contrato suscrito con la Unión Temporal Mi Familia por un monto de 8.399 millones de pesos. “Al parecer, se habrían registrado datos falsos sobre el número de hogares atendidos durante la ejecución del contrato”, indicó el órgano de control. Este contrato tenía como objetivo realizar visitas periódicas a 3.930 familias en 16 municipios para prevenir el maltrato infantil.

“Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca identificar a los posibles autores del hecho y determinar si es procedente iniciar investigación disciplinaria por una aparente apropiación de dineros del departamento”, informó la Procuraduría.

El Ministerio Público solicitó al ICBF documentación relacionada con el contrato firmado, así como detalles sobre las acciones realizadas durante todas las etapas del mismo, desde la precontractual hasta la liquidación. También requirió información sobre las posibles sanciones que la entidad habría impuesto a la Unión Temporal en cuestión.

ICBF responde a demoras en programas en La Guajira

Los contratos del Bienestar Familiar para brindar servicios de nutrición a casi 100.000 niños de La Guajira están demorados porque el Gobierno cambió la modalidad de selección de los proveedores que prestan sus servicios en ese departamento.

Desde el Congreso, el senador Alfredo Deluque advirtió de las demoras en la contratación que tienen en riesgo la alimentación de los niños y niñas, lo que la directora de esa entidad, Astrid Cáceres, respondió que se había preparado un plan de contingencia para aplicar ese cambio.

Sin que se adjudiquen la totalidad de contratos para proveer los servicios de alimentación (apenas se entregaron durante la semana pasada) hay 604 hogares comunitarios funcionando para acompañar esa transición y un convenio con la Armada para entregar mercados mientras se hace la contratación.

Lo que sustenta la funcionaria a cargo del ICBF es que la nueva forma de contratación comenzó desde finales de 2023 porque la modalidad que se aplicaba anteriormente no tenía en cuenta a la población wayuu.

“Hemos encontrado tres grandes problemas en la forma en que la contratación se había dado en La Guajira. Nosotros tenemos una intervención desde Bogotá con la regional Guajira, tomamos todo el ejercicio de control jurídico porque encontramos muchísimas intermediaciones con terceros en las que no se estaban haciendo los procedimientos que nosotros tenemos a nivel de país”, le dijo Astrid Cáceres a Uniguajira Estéreo FM, en unas declaraciones que fueron replicadas en las redes sociales del ICBF.

Entonces, los proyectos de entrega de servicios de alimentación no han comenzado a funcionar por el cambio de modelo. En el nuevo sistema se implementará un programa por familia completa, no solo por cada niño, entregando planes de alimentación a todos los integrantes de ese núcleo.

Apenas la semana pasada se terminó la primera fase de la contratación pendiente y el ICBF prometió que para el 15 fe febrero se concretará la segunda fase de esa contratación. Habrá una tercera fase que se aplicará en las semanas posteriores.

Pero el proceso es largo y centralizado. Astrid Cáceres sostuvo que “tuvimos que hacer una intervención directa y ahorita tanto los procesos como todo lo que implican los controles jurídicos y el tema de gastos está centralizado en Bogotá”.

Específicamente, la directora señaló que abrieron “varias investigaciones. Incluso encontrábamos esas intermediaciones de terceros que supuestamente les dicen a las comunidades que son quienes les van a conseguir los contratos, que son quienes tienen la personería jurídica, que son quienes cobraban. Estaban mediando sobre los procedimientos que son gratuitos en la entidad”.

El senador Deluque cuestionó que “no puede ser posible que, con las altas cifras de desnutrición y de mortalidad de los niños guajiros, la falta de ejecución presupuestal del ICBF en la regional Guajira esté por encima del 50 %; esto amerita no solamente la urgente actuación de la directora nacional, sino también de los órganos de control para que se determinen responsabilidades por omisión en el cumplimiento de sus funciones a los funcionarios responsables”.

La directora Cáceres fue tajante en afirmar que “los procesos de contratación estaban a un ritmo de tortuga y eso no lo podemos permitir en La Guajira”.