Procuraduría investigará a la Alcaldía de Neiva por presunta contratación irregular

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra la Alcaldía de Neiva por la firma de convenios superiores a un billón de pesos durante tres años.

Según lo encontrado por la entidad, entre enero de 2020 y septiembre de 2022, el municipio celebró 18.913 contratos, los cuales son -en su la mayoría- de contratación directa, pero presuntamente con irregularidades en su ejecución.

Esta situación llevó a que el órgano de control, en sus investigaciones, encontrara riesgos de gestión pública, considerando que 4.338 contratos (22.9 % de todos), por un valor de $ 641 mil millones de pesos, equivalentes al 52,7 % del total de recursos del municipio. Según lo explica la entidad, estos fueron contratos utilizando presuntas normas contractuales que no garantizan el cumplimiento de los principios de la contratación pública.

Además, en las pesquisas de la Procuraduría, también se se encontró que Anesmedic, sindicato del gremio de salud, firmó 7 contratos por un costo de $57.949.253.532, siendo de los valores más altos.

Lo que puso el ojo de la entidad en esto fue que evidenciaron que, presuntamente, a un solo proveedor le firmaran 69 contratos para suministros de servicios informáticos y de mobiliario para distintas entidades como el Hospital Universitario Hernando Moncaleano; la Institución Prestadora de Servicios Integrales de Salud Carmen Emilia Ospina, y Las Ceibas Empresas Públicas De Neiva E.S.P por un valor total de $ 10.114.356.549.

La preocupación de la Procuraduría es la firma de 14.235 contratos de manera directa por valor de $426, 8 mil millones, modalidad que de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1150 de 2007 debe ser excepcional.

Ante estos hechos, en ejercicio de sus funciones preventivas, la entidad le recomendó a la administración municipal evaluar el número de trabajadores que se necesiten para prestar sus servicios en la entidad y, en caso de requerir más personal, adelantar las acciones pertinentes ante las autoridades competentes para el rediseño de la planta demandada.

La entidad indicó que esta actuación busca anticiparse o mitigar posibles circunstancias que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico y al patrimonio público. Cabe mencionar que a inicios de enero, al interior de la propia Alcaldía se adelantaron 400 procesos dentro de las secretarías que más casos de irregularidades han presentado.

César Augusto Montero, jefe de la dependencia de Control Interno de la Alcaldía, informó en un comunicado que las secretarías de Movilidad y Educación son las dos que más investigaciones tienen. Adicionalmente, señaló que las denuncias cuentan con fallas contempladas en el código único disciplinario.

Los casos están bajo etapa de instrucción, por lo cual los detalles y el sumario se encuentran en reserva, mientras no haya un juicio formal, la Alcaldía no está autorizada en brindar más información. No obstante, el secretario puntualizó que hay casos en los que se están investigando agentes de tránsito y situaciones en las cuales aparentemente hay extralimitación de funciones.

Por su parte, con respecto a la Secretaría de Educación, la Oficina de Control Interno junto con la Fiscalía han llevado a cabo una investigación relacionada a 44 funcionarios vinculados a una presunta falsificación de documentos frente al retiro de cesantías parciales.

En el mismo comunicado, Montero se refirió a esto, mencionando que “este trámite de acuerdo a lo que se tiene adelantado y según lo establecido, no ha surtido su debido proceso en la medida en que, al parecer, existen actos administrativos en donde las firmas de los funcionarios que les competen, entre ellos el secretario de Educación y la jefe de Talento Humano, se han visto presuntamente alteradas”. El jefe de la Oficina explicó que fue la propia Secretaría de Educación quien se percató de las presuntas irregularidades el año pasado. Ambos casos, junto con lo encontrado por la Procuraduría, están a disposición de las respectivas autoridades.