Procuraduría investigará a tres generales por escándalo en el Ejército revelado por SEMANA

Tras las denuncias de corrupción en el Ejército publicadas por SEMANA, el Ministerio Público anunció que se abrieron tres líneas de investigación que cobijan al mismo número de oficiales activos. Aparentes exigencias u oferta de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información de los medios de comunicación, hacen parte del paquete de irregularidades que entraron en la lupa del ente de control. 

En video: los documentos que revivieron el temor de los falsos positivos

"Hemos tomado la determinación de crear un equipo de procuradores judiciales y disciplinarios. Yo he decidio abrir tres investigaciones disciplinarias en el caso de los generales y altos oficiales de Colombia por los hechos que ya son de conocimiento público", dijo el procurador general Fernando Carillo. 

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La primera investigación es contra el general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, quien habría presionado a sus subalternos para que le consiguieran dinero para sus gastos personales y familiares, según denuncias de un oficial que trabajó a su cargo. También será investigado el general Jorge Horacio Romero Pinzón, del Comando de Apoyo de Acción Integral y excomandante de la Cuarta Brigada. En la publicación, SEMANA revela las declaraciones de un empresario antioqueño, una civil y un militar, que hablan de la existencia de un supuesto cartel para la venta de permisos de armas al interior de la Cuarta Brigada en Antioquia.

En video: El negocio de los salvoconductos de armas en la Cuarta Brigada

Una tercera investigación disciplinaria cobijará al general Eduardo Quirós, del Comando de Apoyo de Contrainteligencia. Contra el oficial recaen cuestionamientos por haber supuestamente adelantando una cacería para dar con los responsables de filtraciones de información a medios de comunicación.

“El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso”. Testigos señalaron a SEMANA que Quirós hizo esta afirmación el pasado 7 de junio en el auditorio del batallón de ingenieros militares, ubicado en el sector de Puente Aranda, al occidente de Bogotá. Quince días antes, el mismo oficial que estuvo en la sede de la Segunda División en Bucaramanga, donde citaron a 15 militares con el fin de realizar algunas entrevistas y pruebas de polígrafo como parte de una cacería para saber quiénes dentro de la institución están contando lo que ocurre. 

En video: Las denuncias en contra del segundo comandante del Ejército

Una cuarta parte clave de la investigación anunciada por la Procuraduría tiene que ver con que ejercerá poder preferente sobre cualquier actuación que en relación con estos hechos pudiera estar adelantando la Inspección General del Ejército. Al respecto, el informe de SEMANA destaca que las denuncias contra los generales Romero y Fajardo no son nuevas y eran bien conocidas dentro de las propias filas. De hecho, varias fueron radicadas en la propia Inspección del Ejército cuando el encargado de esa área era el propio Nicacio Martínez, cargo que ejerció hasta diciembre pasado antes de ser nombrado comandante de esa institución.

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El procurador Fernando Carrillo ordenó que se revise el trámite que habría dado la Inspección del Ejército a las denuncias sobre la supuesta exigencia de dinero por parte de los oficiales, el traslado de pruebas de las investigaciones que por estos hechos adelanta la Fiscalía General y la revisión en el Comando de Personal de las hojas de vida de algunos oficiales.

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El ente de control anunció que verificará si se cometieron estas conductas irregulares y si son constitutivas de falta disciplinaria. También enfatizó en que tiene en su poder información que comprometería a los altos oficiales mencionados con presuntas exigencias de dinero a subalternos para la aparente financiación de viajes familiares, a particulares y empresarios para la expedición de salvoconductos, y supuestas ofrecimientos de premios millonarios o licencias extendidas a cambio de las identidades de las personas que estarían entregando audios y documentos con información a los medios de comunicación.

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