Procuraduría lanza SOS por el departamento del Cauca. Son más de 120 afectaciones criminales en este año

La Procuraduría reitera la grave situación que vive el departamento del Cauca por los grupos armados ilegales y la falta de efectividad de las entidades de seguridad del Estado para prevenir la asonada criminal en contra de la población civil en esta zona del país, declarada por los delincuentes que dicen estar en proceso de paz.

De acuerdo con el Ministerio Público, la totalidad de los municipios del departamento tiene presencia de grupos armados ilegales y el 67 % de estos municipios se encuentra en alto riesgo, lo que se convierte en un llamado de urgencia al Gobierno nacional.

Javier Sarmiento, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, advirtió la grave situación de seguridad en que se encuentra la población del departamento del Cauca, por las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas por grupos armados ilegales, como el ELN.

“El total de los municipios del departamento cuenta con injerencia de los grupos armados ilegales y el 42 % del total de eventos por alteración del orden público fue dirigido contra la población civil”, explicó el delegado de la Procuraduría tras insistir en la grave crisis para el departamento de Cauca.

Además del listado de grupos criminales, la Procuraduría advierte que incluso el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Frente Yair Bermúdez, que supuestamente avanzan en un proceso de paz, se están enfrentando por el control del territorio y las rentas ilegales.

“Entre los sucesos más lamentables están las amenazas contra el 28 % de los personeros; del departamento; la utilización de niños, niñas y adolescentes para el transporte de artefactos explosivos, y el uso de drones con explosivos que han afectado directamente a la población civil. Los municipios más afectados son Argelia con 19 eventos de orden público, Cajibío con 12, Santander de Quilichao 11, Toribío y Suárez con 10 cada uno”, señaló el Ministerio Público.

Un informe elaborado por la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en la Procuraduría, advierte que durante el primer semestre de 2024, estos grupos perpetraron 123 alteraciones del orden público en el departamento, en promedio cinco por semana, distribuidas así: 51 ataques contra población civil, 33 combates contra el ejército, 31 hostigamientos a unidades militares y policiales y ocho enfrentamientos entre ellos, sin pasar por alto el subregistro en los datos por estos eventos.

“El documento también da cuenta de la expansión y posicionamiento de estructuras como la Dagoberto Ramos, que hace presencia en el 31 % del departamento, el incremento del 14 % de las amenazas en esta zona del país para el primer semestre del 2024, frente al mismo periodo de 2023, y la persistencia de prácticas de control social como toques de queda para las comunidades y uso del carné”, dijo Javier Sarmiento.

Del documento, según la Procuraduría, salieron 32 recomendaciones para diferentes entidades del Estado, en el objetivo de proteger a la población civil y garantizar la seguridad en esta región de Colombia, afectada por los grupos al margen de la ley durante décadas.