Procuraduría le exige al Gobierno acciones para evitar construcción de trochas en la Amazonía, usadas para transporte ilegal de madera

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno nacional que implemente acciones eficaces y coordinadas de seguimiento y control para evitar que se continúen abriendo carreteras ilegales o piratas que “degradan los recursos naturales en la Amazonía colombiana”.

En la circular 004 emitida por el ente de control y extendida al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte y a Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Procuraduría solicitó la articulación con autoridades ambientales y entidades territoriales.

Esto, para incrementar “los operativos de vigilancia sobre las áreas identificadas como núcleos activos de deforestación, asociadas a la construcción y apertura de nuevas carreteras ilegales que se utilizan como corredores para el tráfico de actividades económicas ilícitas, transporte ilegal de madera, así como para introducir ganado y colonizar territorios deforestados”.

Asimismo, el Ministerio Público les requirió a las autoridades el reporte mensual a la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarias, de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollen o se anuncien ejecutar en la región, tanto en construcción, como en ampliación, mejoramiento y rehabilitación.

Este informe deberá incluir la descripción del proyecto y sobre los trámites de los permisos ambientales que se requieren, al igual que cronograma de actividades.

Finalmente, la Procuraduría instó al Ministerio de Ambiente y al de Transporte a “ordenar la reparación de los daños causados por la apertura de vías ilegales en la Amazonía colombiana, a través de las acciones judiciales correspondientes a los responsables”.

Acciones para recuperar el caño Juan Angola

Por otra parte, la Procuraduría General instó a las autoridades ambientales de Cartagena a adoptar las medidas necesarias para recuperar y preservar el caño Juan Angola, a la altura del puente Benjamín Herrera, en el norte de la ciudad, afectado por las basuras y escombros que son arrojados diariamente a ese cuerpo de agua.

Durante una inspección al lugar, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena requirió al distrito la ejecución de una política ambiental articulada, que permita rescatar el mangle como barrera natural para combatir la sedimentación de esa fuente hídrica, así como implementar acciones inclusivas en favor de los habitantes de los barrios aledaños al puente, principalmente Marbella y Torices.

A la diligencia fueron convocados representantes del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), Corvivienda, las secretarías de Infraestructura y General, la Oficina de Control del Riesgo del distrito y de la Estación de Policía de Santa Rita, con quienes se realizó un recorrido por varios puntos del lugar.

Formalización de la minería

Otro tema que preocupa a la Procuraduría es la minería ilegal, que afecta al medioambiente. Por eso, emitió una nueva circular en la que instó al Gobierno nacional a implementar medidas eficaces para controlar y combatir las actividades extractivas de minerales que se realizan dentro de áreas de importancia ambiental y sin ninguna autorización o instrumento de manejo y control ambiental, así como a la adopción e implementación inmediata del Plan Único de Formalización y Legalización Minera.

A través de la circular 008 de 2023, el Ministerio Público exhortó al Ministerio de Minas y Energía a expedir la reglamentación que se requiere en materia de reconversión a otras actividades productivas de las actividades mineras que, por restricciones de naturaleza ambiental, social o económica, no puedan continuar desarrollándose.

La circular también le referencia a la cartera de Minas y Energía su “obligación de reglamentar los mecanismos necesarios para determinar la procedencia y trazabilidad de los minerales en la fase de comercialización, controlando así todo el proceso de la cadena de valor de la minería”.

Por otro lado, hizo un llamado a la articulación entre las autoridades del sistema nacional ambiental, el sector defensa y el de minas y energía, para “evitar el recrudecimiento y agudización de los conflictos socioambientales asociados a las actividades extractivas de minerales, propiciando espacios de diálogo continuo que motiven a los mineros informales a legalizar su actividad a través de las diferentes herramientas o mecanismos que la normatividad minero ambiental en Colombia”.