Procuraduría le puso la lupa al proceso de subasta de la red 5G que adelantará MinTIC, ¿por qué?

Tras el escándalo desatado por el contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, en la que la Unión Temporal presentó garantías bancarias falsas para obtener un adelanto de 70 mil millones de pesos, la Procuraduría General le puso la lupa al proceso que adelantará este año el MinTIC para subastar el uso del espectro radioelectrónico 5G, con el que el Gobierno busca cerrar la brecha digital en el país.

De acuerdo con la información recopilada por la Procuraduría, durante el primer trimestre de 2023, el MinTIC “estructurará el proceso de selección objetiva para otorgar permisos del uso del espectro radioeléctrico”.

“A través de la Resolución 04543 del 21 de diciembre de 2022 invitó a manifestar interés en participar en la licitación de algunas bandas de frecuencia para la operación y prestación de servicios móviles terrestres, recibiendo 9 respuestas de diferentes firmas”, indicó el Ministerio Público.

Los requerimientos de la Procuraduría a MinTIC

Como parte de las funciones preventivas, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública determinó que es pertinente realizar un seguimiento a la licitación de la red 5G con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso para que se cumplan los requisitos de la Ley de Tecnologías y Comunicaciones.

En los requerimientos que la Procuraduría General le hizo al MinTIC, solicitó toda la información relacionada con el cronograma establecido para adelantar el “proceso de selección y los estudios para determinar el valor base del espectro”.

Aunque por el momento se desconocen los precios de base para la subasta, el órgano de control calcula que la cifra de recaudo por la puja de la red 5G superaría los 7 billones de pesos, que fue “el logro conseguido en la última subasta, realizada el 20 de diciembre de 2019″.

Por otro lado, la Procuraduría también instó al ministerio a entregar la documentación para determinar la ruta de acción para el Plan Integral de Expansión de Conectividad Digital, así como de los servicios 5G. De igual forma, criterios y condiciones de la contraprestación económica por el uso del espectro.

“El ente de control, en el marco de sus funciones preventivas, ejercerá especial vigilancia al proceso licitatorio del que se espera traerá beneficios para los colombianos en planes de conectividad y telefonía celular con tecnología de punta”, señaló.

Con esta subasta, el Gobierno Nacional espera cerrar la brecha tecnológica en las zonas apartadas del país, donde la cobertura no superaría el 30 por ciento.

Escándalo por Centros Poblados

En agosto de 2021 salió a la luz un escándalo de corrupción que les costó a las arcas del Estado 70 mil millones de pesos.

El pasado 9 de diciembre de 2020, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados el contrato 1043 con el objetivo de llevar internet a 7.277 colegios de áreas rurales de 15 departamentos del país.

En junio de 2021, se conoció que Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas para obtener un anticipo del contrato por 70 mil millones de pesos de los 1,07 billones de pesos totales. Las garantías falsas estaban a nombre del banco Itaú, entidad que presentaron como garante, pero el banco salió a desmentir y aclarar que nunca expidió dichas garantías.

La encargada de hacer el desembolso del adelanto fue la Fiduciaria BBVA, que giró los recursos a una cuenta en Estados Unidos del banco.

Tras el escándalo, el 25 de junio, el MinTIC denunció ante la Procuraduría, la Contraloría General y la Fiscalía General a Centros Poblados por lo ocurrido. Posteriormente, el 13 de agosto del mismo año, la cartera declaró la caducidad del contrato.

Aunque el proceso judicial contra la firma sigue, finalmente el contrato terminó en manos de la Unión Temporal Colombia Conecta, conformada por ETB y Sky Net, segunda con mejor calificación para ese proceso.

Esto terminó en la renuncia de la ministra Karen Abudinen.