Procuraduría le tira un salvavidas a la Ley de Financiamiento

La Procuraduría acaba de darle oxígeno a un debate que tiene a la Corte Constitucional dividida. A través de un concepto, el Ministerio Público le pidió a los magistrados que declaren exequible la Ley de Financiamiento del Gobierno de Iván Duque, al considerar que no existieron vicios de forma durante su trámite en el Congreso. 

El punto es clave pues varias de las 21 demandas que atacan la reforma tributaria del Gobierno apuntan sus dardos a cuestionar que los congresistas habrían violado el principio de publicidad. El concepto revelado por la Procuraduría se acaba de adjuntar al expediente que se abrió tras la demanda instaurada por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el senador Jorge Robledo, cuyo trámite aún le faltan varias semanas para comenzar. No obstante, el concepto toca un punto que este miércoles comenzará a ser debatido: ¿Podían los congresistas pupitrear la Ley en último debate sin que estuviera publicado oficialmente en la gaceta?

Para la Procuraduría, no se puede sostener que los representantes no conocían el texto, porque antes de la votación contaron con una ilustración verbal por parte de uno de los senadores ponentes del proyecto, quien explicó de manera clara y detallada el contenido de la norma. Además, los representantes debatieron el texto de la norma y tuvieron suficiente conocimiento de los temas tratados.

El Ministerio Público indica además que en el desarrollo de esas deliberaciones, los partidos de oposición tuvieron la oportunidad de presentar sus diferentes posturas, propuestas y conclusiones respecto del contenido de la iniciativa legislativa. "Para la entidad no se violó el trámite legislativo que ordena la Constitución, pues tanto en la Cámara como en el Senado, ésta tuvo un amplio debate".

Entre tanto, en el despacho de los magistrados de la Corte Constitucional está el proyecto de fallo del togado Alejandro Linares, que resuelve otra de las demandas presentadas. El documento deja en evidencia que existe un alto riesgo de que la norma se caiga total o al menos parcialmente en cuanto a los cambios introducidos en el último debate, no obstante, hay un sector de los magistrados empujando para salvarla.

El riesgo de que se caiga ha generado alarma en el Gobierno, que ha dicho que esto pondría en peligro la financiación del presupuesto nacional, la estabilidad jurídica y el ordenamiento tributario. Sin embargo, estudios en poder de los magistrados de la Corte Constitucional, elaborados por expertos de Fedesarrollo y del Banco de la República, indicarían que para el fisco podría resultar mejor que la norma se cayera. ¿Cuáles son las verdaderas cuentas y las implicaciones de declarar inconstitucional la Ley de Financiamiento?

El ministro Alberto Carrasquilla sostiene que está tranquilo con la legalidad del trámite de la Ley de Financiamento en el Congreso. Cree que detrás de los cuestionamientos hay confusión.

El debate en la corte

En el paquete de demandas instauradas ante la corte, dos llevan la delantera y representan un peligro para la estabilidad de la norma. Por un lado, la que presentaron los ciudadanos Daniel Libreros Caicedo y David Clemente Retamoso, cuyo estudio le correspondió al magistrado Alejandro Linares. Por el otro, la presentada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que revisa el magistrado Carlos Bernal.

De entrada se sabe que los dos magistrados tienen posturas opuestas en un tema fundamental, recurrente entre quienes buscan tumbar la norma. Se trata de la supuesta violación al principio de publicidad, atribuida al hecho de que los congresistas habrían ‘pupitreado’ el proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes (último debate) sin haberlo publicado en la gaceta del Congreso.

Esto, para algunos, constituiría un error insalvable, pero otros ven atenuantes. Dicen, por ejemplo, que el senador David Barguil hizo una exposición del texto en la plenaria de la Cámara por casi 15 minutos, antes de su votación final. Y sostienen que eso sustituiría la publicación oficial.

Sobre este tema, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insistió el viernes que tanto el Gobierno como los secretarios de Cámara y Senado están tranquilos. Que hicieron el trámite dentro de los principios que ordena la ley y que el cuestionamiento proviene de una confusión en torno a “si se necesita, en pleno siglo XXI publicar en papel y lápiz las diferentes etapas de la discusión o si basta con lo que hace el 90 por ciento de la gente, que no lo mira en papel”.

Sin embargo, preocupa sobre todo que algunos artículos que hacen parte de la ponencia del magistrado Linares tendrían problemas de constitucionalidad. La ponencia recoge las cuentas de dos entidades muy respetables en el ámbito económico: el Banco de la República y Fedesarrollo. Ambos, al analizar el impacto de mantener la norma tal como la aprobó el Congreso, hicieron pronósticos poco alentadores.

El magistrado Alejandro Linares recogió esta información en la ponencia y concluye que desde el punto de vista fiscal lo mejor sería que se cayera la totalidad de la Ley de Financiamiento.

Las cuentas son así: cuando el Gobierno radicó la iniciativa ante el Congreso buscaba recoger 14 billones de pesos para tapar el hueco presupuestal que advirtió a su llegada. Pero la propuesta de extender el IVA a todos los productos de la canasta familiar provocó tal alboroto que la iniciativa desapareció en los primeros debates, a petición incluso del partido de gobierno y del senador Álvaro Uribe en particular.

El magistrado Alejandro Linares presentó una ponencia que la corte comenzaría a discutir esta semana. Detrás de este estudio viene el proyecto de fallo de Carlos Bernal.

Esto llevó a que el texto finalmente aprobado el 19 de diciembre de 2018, solo consiguiera un recaudo de 7,5 billones de pesos. Por lo menos así lo reconoció el Gobierno. Pero estas cuentas del Ministerio de Hacienda no coinciden con las de Fedesarrollo y el Banco de la República, que muestran un panorama poco optimista.

Los informes conocidos por SEMANA muestran que a partir de 2020 el recaudo caerá en 5 billones de pesos y al corte de 2022, esta cifra llegará a los 9 billones.

Este mismo informe alerta por el enorme desafío que representa perder los 6 billones de pesos que el fisco dejaría de recibir cada año por el descuento del IVA para la importación de bienes de capital, que entra a sumar a favor de los contribuyentes en el impuesto de renta.

El otro informe trae cifras mucho más preocupantes: dice que por este y otras rebajas de impuestos a las empresas el país dejará de percibir 8,7 billones de pesos en 2020, otros 9,9 billones en 2021 y 11 billones en 2022.

Los expertos calculan que los descuentos hasta del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio (ICA) y por Gravamen de Movimientos Financieros GMF (más conocido como el 4x1.000) marcarían una caída, en tres años, de 11 billones. La disminución progresiva de la tarifa de renta también impactaría el recaudo en 1 billón de pesos para el próximo año y llegaría hasta 3 billones en 2022. 

Las entidades de investigación económica solo dejaron de calcular en las tablas el rubro relacionado con la sobretasa de renta a los bancos, el cual para el Gobierno podría sumar 1,5 billones. No obstante, este impuesto salió de las cuentas en vista de los serios vicios advertidos en su trámite. Hay quienes consideran que al haber quedado incluido en segundo debate en Senado, sin debate previo, configura una evidente inconstitucionalidad.

¿Qué se caería?

La ponencia del magistrado Linares plantea un camino intermedio: eliminar solo los cambios introducidos en el último debate, o sea los más cuestionados.

Este camino podría generar mayor incertidumbre pues en la aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso se introdujeron a última hora aclaraciones importantes en el articulado. Si los magistrados acceden a la ‘peluqueada’, sufrirían sobre todo los temas que fijan sanciones penales a quienes evadan impuestos, las exenciones tributarias del IVA a los alcoholes carburantes, y el impuesto al consumo de inmuebles, que podrían quedar cojos.

También se caería la inmunidad penal y fiscal que crea la ley para quienes antes del 25 de septiembre realicen la normalización tributaria, es decir, traigan del exterior sus activos no declarados y solo paguen una sanción del 13 por ciento, o del 6,5 por ciento si deciden reinvertirlos en el país. 

A estas alturas, la Corte Constitucional estudia con lupa el impacto de la decisión que podría adoptar. Entre las salidas salomónicas mencionadas en los pasillos del Palacio de Justicia están la de devolver la ley al Congreso para que haga su último debate, una decisión modulada que suspendería los términos que siguen corriendo. No obstante, en todos los escenarios, incluyendo este, el Gobierno sufriría un golpe peligroso de legitimidad, que no ayudaría en nada cuando tenga que volver a tocar las puertas del Congreso.