Procuraduría no podrá inhabilitar, destituir o suspender a funcionarios de elección popular; así vendrá la reforma a la justicia

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, detalló este viernes los alcances de la propuesta lanzada en días pasados para modificar a la Procuraduría General de la Nación. Posición que ha generado un verdadero debate político y jurídico en el país.

Para Osuna, esto no hace parte de ninguna reforma del Gobierno, sino que se suma a la necesidad de aplicar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el 2020 determinó que la Procuraduría General no puede sancionar a congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, entre otros electos por voto popular.

“Tiene que ver con adaptar el Derecho colombiano de modo ya definitivo a las sentencias de la Corte Interamericana en el sentido que solamente los jueces penales pueden restringir los derechos políticos de las personas elegidas”, aclaró el ministro.

En este sentido, señaló que si se revisa bien la ley, solamente los jueces penales pueden sancionar a estas personas para ocupar cargos públicos. Esto se realiza cuando se emite una sentencia.

“Dado el hecho que la Procuraduría no es un juez penal, pues tendría que adaptar nuestro Derecho a esa exigencia y por lo tanto suprimir la posibilidad de la Procuraduría de inhabilitar, destituir, suspender, a funcionarios de elección popular”, precisó.

La propuesta busca además modificar la participación del Ministerio Público como interviniente en los respectivos juicios. “Para robustecer el poder judicial las funciones de intervención, sobre todo en los procesos penales, más bien puedan trasladarse a la Rama Judicial”.

“Es una reforma pero no una supresión ni un recorte a la Procuraduría, sino un ajuste por una parte al derecho internacional de los derechos humanos y por otra parte a un uso más eficiente de los recursos y personal de la Procuraduría General”.

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