Procuraduría pide a la JEP investigar homicidios de civiles, señalados de colaborar con Ejército o paramilitares, por parte del Frente 5 de las Farc

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investigue los homicidios de civiles, acusados de colaborar con grupos paramilitares o el Ejército, de parte del Frente 5 de las extintas Farc en el Urabá antioqueño y chocoano. Además, solicitó que se tipifique como patrón criminal la “estigmatización a civiles” dentro del macrocaso 04, que investiga, entre otros, asesinatos y desapariciones en la región del Urabá.

El procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, en su análisis de las versiones entregadas por exintegrantes de los frentes, asegura que esta modalidad de asesinatos constituye un patrón macrocriminal, ya que fueron “crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial”.

Según el documento de observaciones a las versiones entregadas, algunos de estos asesinatos fueron realizados porque los miembros de la población civil eran considerados blancos militares por “apoyar al enemigo”, lo cual era contrario a la ideología del grupo armado.

“Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”, indica el documento.

En uno de los relatos examinados en el informe, un excombatiente cuenta cómo un miliciano acusó a tres jóvenes indígenas de ser colaboradores del Ejército, lo cual llevó al líder guerrillero a ordenar una emboscada para matarlos.

“En este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran ‘comprobados’ o fueran simples ‘sospechosos’, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos”, asegura el delegado en su análisis.

La Procuraduría también solicitó a la JEP profundizar en el uso de armas de guerra prohibidas por las normas internacionales, como minas antipersonal y diferentes tipos de bombas artesanales, a fin de establecer quién y por qué decidieron utilizar estos explosivos que causan graves daños colaterales a la población civil.

En relación con los testimonios de los excombatientes sobre la colocación de minas cerca de Yupigrande, cerca del Río Manso, uno de ellos relató que cada guerrillero tenía la obligación de llevar al menos una mina antipersonal durante los desplazamientos, además de otros explosivos que debían manejar sin tener suficiente conocimiento para su instalación y activación. El delegado Fernández Angarita consideró que era esencial profundizar en esta práctica para comprender mejor la forma en que operaban los victimarios.

El delegado Fernández también pidió a la magistratura que investigue a fondo los hechos relacionados con la violencia sexual y de género, y que exija a los comparecientes que reconozcan la ocurrencia de estos delitos durante su tiempo como miembros de la estructura armada. De esta manera, según Fernández, se demostrará su disposición a contribuir con la verdad y se tomarán medidas de reparación necesarias para poner fin al silencio, invisibilidad y minimización de la violencia sexual y de género por parte de todos los actores armados en el conflicto.

Cabe recordar que esta solicitud del Ministerio Público se suma a la que había hecho días antes para que la JEP determine si el Bloque Occidental de las Farc cometió secuestros con fines de explotación laboral, estableciendo así un “patrón independiente de macrocriminalidad”. Según el informe presentado, las víctimas de estos secuestros fueron tratadas como “propiedad” y se les impuso trabajos forzosos.

“Esta finalidad se relaciona con conductas en donde se buscaba utilizar al secuestrado con un objetivo de extracción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, para la apertura de caminos, arreglo de vías, transporte, limpieza y preparación de alimentos, entre otros”, asegura el documento de observaciones presentado por el órgano de control.