Procuraduría pide a MinInterior que adopte medidas de protección ordenadas por la JEP en favor de comunidades amenazadas

La Procuraduría General de la Nación emitió una solicitud dirigida al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que se le pide remitir información sobre el cumplimiento de las órdenes establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el auto del 2 de septiembre del año 2022. El objetivo de esta medida es garantizar la protección del territorio perteneciente al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó en Cocolatú, ubicado en Chocó.

El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó es una zona de gran importancia para 21 familias campesinas que reclaman la propiedad de las tierras en la vereda Guacamayas, corregimiento de Macondo, en Riosucio Chocó, de aucerdo con el Ministerio Público. Además, esta área también abarca las zonas de biodiversidad conocidas como Árbol del pan y La Madre Unión. Sin embargo, asegura la Procuraduría, persisten vulneraciones de derechos fundamentales en esta región, una situación que ha sido debidamente documentada en el macrocaso 04 sobre la ‘Situación territorial de la región de Urabá’.

Dentro de la solicitud realizada al Ministerio del Interior por el procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, se solicita la consolidación del inventario de órdenes, recomendaciones de Alertas Tempranas, medidas contenidas en actos administrativos de protección individual y colectiva, y otros instrumentos de prevención y protección relacionados con las comunidades y el territorio del Cocolatú.

Adicionalmente, se pide que se entregue una copia del plan de trabajo formulado por la Mesa de Articulación, incluyendo las actas de las reuniones y sesiones que se llevaron a cabo para su construcción.

Es importante destacar que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha vinculado al ministro Velasco al trámite de incidente de medida correccional, sin que esto implique que se desvincule del mismo al exministro Alfonso Prada Gil.

La solicitud del Ministerio Público hace parte del “cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de vigilancia y control de gestión que realiza la Procuraduría a las entidades públicas, así como de la intervención judicial que desarrolla la delegada ante la JEP a la implementación del Plan de Trabajo formulado por la Mesa de Articulación liderada por el Ministerio del Interior en cumplimiento de lo ordenado por la medida cautelar”.

Informe sobre avances de la Reforma Rural Integral

Por otro lado, para la Procuraduría General, hay falta de transparencia en los resultados de la Reforma Rural Integral, especialmente en relación con la meta de entregas de tierras. Por eso, le solicitó un informe al director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, para precisar los impactos de la reforma.

El ente de control ha emitido alertas en repetidas ocasiones, señalando imprecisiones en los datos reportados por la ANT. En el informe requerido, el director de la ANT deberá presentar los avances e indicadores en el actual periodo de Gobierno, incluyendo la base de datos con el registro y detalle de las adjudicaciones de bienes fiscales y las formalizaciones de predios privados, así como la gestión del Observatorio de Tierras Rurales para el año 2023.

El requerimiento se basa en el “Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en al Acuerdo de Paz”, publicado en enero de 2021 por la Procuraduría, “donde expuso que el área formalizada en el periodo 2017-2020 (hectáreas adjudicadas y registradas en las correspondientes ORIP durante el periodo de implementación del Acuerdo de Paz) sería de 913.548 has y no 1.966.691.1 has como se informa por la ANT, con una diferencia de 1.053.142,2 hectáreas menos. Para el ente de control no es claro por qué la ANT estaría sumando como logros de la implementación del Acuerdo de Paz resultados previos a la firma del mismo”.

La Procuraduría recalcó que la información divulgada debe corresponder con los indicadores establecidos para su seguimiento y no incluir resultados previos a la firma del acuerdo de paz como logros de su implementación. Además, insistió en que los datos deben informar sobre realizaciones sustanciales del actual gobierno, más allá de debates técnicos sobre los indicadores.

El informe solicitado por la Procuraduría será incluido en el informe que el Ministerio Público presentará próximamente ante el Congreso de la República, sobre el estado de avance de la implementación del acuerdo de paz.