Procuraduría pide al Ministerio de Educación agilizar reglamentación de las residencias escolares en zonas rurales; ¿de qué tratan?

La Procuraduría General reiteró su llamado al Ministerio de Educación Nacional para que regule con urgencia las residencias escolares. Esta estrategia tiene como objetivo garantizar el acceso, el bienestar y la continuidad de la educación para niños, niñas y adolescentes que viven en áreas rurales con movilidad compleja y falta de oferta educativa. Es decir, ofrecer un espacio dentro de la institución educativa oficial para que se puedan hospedar estudiantes que, por las dificultades geográficas, no pueden desplazarse diariamente a los colegios.

La Región Guaviare de la Procuraduría, después de presentar una solicitud formal al Ministerio de Educación y recibir una respuesta que alegaba “dificultades administrativas”, ha solicitado de manera enfática que esta estrategia se convierta en permanente y se implemente lo más pronto posible, ya que se considera que se está violando el derecho a la educación.

El ente de control destacó que en gran parte del territorio colombiano, donde la presencia institucional es limitada y existen grupos organizados al margen de la ley, “las demoras en el proceso ponen en riesgo a los niños, niñas y adolescentes de ser objeto de reclutamiento forzado y ser utilizados como actores armados ante la escasa oferta institucional”.

La Procuraduría elogió el esfuerzo de los directores y docentes de las instituciones educativas rurales afectadas por los obstáculos administrativos y la suspensión de aproximadamente dos meses en la continuidad de las residencias escolares. Estos educadores tomaron medidas oportunas para evitar una mayor deserción del programa educativo y reducir los riesgos de reclutamiento por grupos al margen de la ley en el departamento del Guaviare.

Por último, hizo un llamado a coordinar acciones para prevenir futuros contratiempos de este tipo y garantizar que la integridad y las aspiraciones de los jóvenes no se vean comprometidas, permitiéndoles transformar sus comunidades a través del acceso a una educación de calidad.

Defensoría pide estrategias para eliminar discriminación de niños con discapacidad

De otro lado, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado enérgico a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para que eliminen cualquier forma de discriminación que obstaculice el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad durante los procesos de admisión e inscripción para el año lectivo 2024.

La Defensoría subrayó que es una “obligación” de todas las instituciones garantizar el derecho a la educación de esta población. Esto implica, de acuerdo con la entidad, la implementación de estrategias que aseguren el acceso al sistema educativo “en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad sin discriminación alguna, dentro del modelo social de discapacidad”.

En relación con este tema, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha resaltado la responsabilidad del Estado de “tomar medidas específicas para asegurar el goce efectivo de los derechos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, evitando cualquier tipo de discriminación en el acceso, por ejemplo, al servicio educativo”.

Asimismo, la Corte ha enfatizado la obligación de las entidades estatales de asegurar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad de los servicios educativos para las personas con discapacidad. Para la Defensoría, esto debe llevarse a cabo en el marco del derecho a la igualdad y considerando las necesidades particulares de cada individuo. Para lograrlo, se deben proporcionar los recursos y apoyos necesarios para un adecuado desarrollo de acuerdo a sus capacidades, promoviendo una política educativa inclusiva.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las entidades a nivel nacional y territorial para que, dentro de sus competencias, asignen los recursos requeridos y tomen medidas efectivas para eliminar las barreras que impiden el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Además, insto a fomentar la educación inclusiva y el cumplimiento de la normativa vigente, en especial lo establecido en la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de esta población vulnerable.