Judicial
Procuraduría pide condenar por solamente dos delitos al juez que recibió millonario soborno para beneficiar a Carlos Mattos
Considera que Reynaldo Huertas no tuvo responsabilidad alguna en el manejo del sistema que permitió alterar el reparto de la demanda que le permitió al empresario seguir comercializando vehículos de la marca Hyundai en Colombia.
En el marco de los alegatos de conclusión, la Procuraduría General solicitó emitir fallo condenatorio en contra del exjuez sexto civil municipal de Bogotá Reinaldo Huertas, procesado por presuntamente haber recibido un millonario soborno por parte del empresario Carlos Mattos para beneficiarlo con unas medidas cautelares que le permitieron seguir comercializando vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia
Durante su intervención, el procurador Henry Bustos manifestó que existen pruebas suficientes para determinar que en el 2016 el entonces juez sostuvo reuniones con Mattos y dos de sus abogados para la entrega de dinero con la que se “motivó” su decisión, la cual, cabe recordar, fue tomada en tiempo récord una vez la acción judicial promovida por el empresario llegó a su despacho.
Por esto, le pidió a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que condene a Huertas por su responsabilidad probada en los delitos de cohecho propio (recibimiento de sobornos) a título de autor y acceso abusivo a sistema informático como determinado, puesto que gracias a las maniobras hechas por un grupo de funcionarios y empleados de la rama Judicial se logró que la demanda fuera direccionada y llegara a su despacho para que se tomara la decisión que se había acordado.
Sin embargo, para el delegado del Ministerio Público no se allegó ninguna evidencia que permitiera concluir que el juez tuvo participación directa o injerencia en el plan para manipular el sistema de repartos en el centro de servicios judiciales civiles de Bogotá.
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Por esto pidió sentencia absolutoria, “por no acreditarse su responsabilidad”, en los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación y daño informático pues fue totalmente ajeno al plan que se ejecutó por orden del mismo Mattos y sus representantes judiciales.
Según la acusación hecha por la Fiscalía General, el juez recibió 700 millones de pesos por parte del empresario para que emitiera estas medidas cautelares, destrabando el bloqueo que había emitido la misma casa matriz de Hyundai en Corea del Sur que le había quitado la exclusividad para comercializar estos vehículos en la región.
A finales del 2021, la Fiscalía General pidió una sentencia ejemplar contra el juez por su responsabilidad en los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de determinador y el delito de cohecho en calidad de autor directo.
“La justicia se encuentra representada en la figura de la figura de la diosa con sus ojos vendados y en este caso doctor Reinaldo Huertas, como juez sexto civil de la ciudad de Bogotá, usted antes de recibir ese proceso, en los meses de octubre y noviembre ya se había quitado la venda de los ojos”, aseveró el fiscal Álvaro Betancur en sus alegatos de conclusión. Pocos días después de su intervención fue declarado insubsistente por orden del fiscal General, Francisco Barbosa.
En este juicio, que duró cinco años, lo único que queda pendiente es la intervención de los representantes de víctimas (la Rama Judicial) y la defensa del exjuez. Por estos casos de corrupción Huertas fue sancionado con destitución e inhabilidad por 15 años por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Tanto Mattos como varios implicados en este escándalo de corrupción señalaron que el juez tenía pleno conocimiento de su actuar ilegal y aun así emitió la medida para beneficiar al empresario, quien tenía un litigio con el grupo ecuatoriano Eljuri, que había recibido de la casa matriz la autorización para la venta de Hyundai en el continente.
Por estos hechos, el pasado 15 de noviembre, Mattos fue condenado a nueve años y cinco meses de prisión, luego de aceptar su participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado (en calidad de determinador). Para el juzgado, el mismo empresario reconoció haber participado en estos actos de corrupción que permearon a la Rama Judicial y afectaron gravemente su imagen.
