Los líos de tierra del senador Lizcano que ponen en riesgo un tramo de la Conexión Pacífico 3

La compra de tres lotes de tierra adquiridos en 2012 por el senador Mauricio Lizcano y su padre, Óscar Tulio, en el municipio de Quinchía, Risaralda, podría poner en riesgo la realización de un tramo de la autopista Conexión Pacífico 3, de acuerdo con lo que advirtió este lunes la Procuraduría General de la República.

Las presuntas vicisitudes presentadas en la adquisición de los predios “Sausagua”, “Guamerú” y “Lote Sausagua”, reclamados por víctimas de despojo, llevaron al órgano de control a solicitar una investigación acerca de ”posibles irregularidades en el sistema de gestión de recursos y contratación utilizado por el Gobierno Nacional para la estructuración y demás etapas del proyecto de las Autopistas de la Montaña”.

El origen del caso que podría varar la realización del proyecto destinado a unir el Eje Cafetero con el Pacífico remonta a 1995, cuando la particular Blanca Ofelia Correo compró tres lotes de tierra al señor Gustavo Alberto Silvia. Entre ellos, el de Guamerú, grabado con una hipoteca abierta a la compañía Danasay LTDA y garantizada con 8 pagarés firmados por Blanca Ofelia.

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Un año después, Blanca y su compañero, Juan Fernando Acosta, fueron secuestrados y declarados muertos por desaparición. A raíz del evento, la sociedad MH PINEDA CIA interpuso una demanda con la que logró recuperar el predio Guamerú y posteriormente, los de Sausagua y Lote Sausagua, que a su vez vendió al senador Oscar Mauricio Lizcano Arango y a su padre, Oscar Tulio Lizcano González. Así como terrenos situados en otros departamentos, también pertenecientes a Blanca Correa.

En respuesta, los herederos de la pareja presentaron una solicitud de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) de Pereira. A pesar de que en su momento la noticia de la desaparición de Blanca Correa y su marido en una zona en la que se desempeñaron varios actores armados fue ampliamente difundida, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de los demandantes al considerar que no hubo aprovechamiento de la situación de violencia por parte del juez y de la empresa acreedora que obtuvieron el dominio de las tierras.

Como respuesta, los demandantes, respaldados por la URT interpusieron un recurso de apelación ante el Consejo de Estado que se encuentra pendiente de decisión.

Sin embargo, lo que preocupa realmente a la Procuraduría son varios hechos relacionados con la adquisición de los predios por parte de los Lizcanos que podrían venir a frenar el desarrollo del proyecto que fue considerado en su momento como el ‘despegue’ de las autopistas de cuarta generación.

El primero es “la dificultad para probar la buena fe de los señores Lizcano” frente al conocimiento íntimo de la situación que podían tener por su arraigo regional y por la amplia difusión que tuvo en su momento la noticia del secuestro de Blanca Correa y de su marido así como su relación con los predios en cuestión.

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Aunque el Ministerio Público advierte que no tiene pruebas sobre la participación de la familia Lizcano en los hechos victimizantes, si estima que pudo activarse “una cadena de actuaciones públicas y privadas que pudieron llevar al despojo de bienes”. Por este motivo, solicitó a la fiscalía abrir una investigación respecto a posibles delitos cometidos en el marco del traslado de tierras en los que pudieron haber participado jueces y empresas privadas encargadas de las transacciones. Incluso, el órgano previó la posibilidad de recurrir al artículo 91 de la ley 1448 de 2911 que permite declarar la nulidad de sentencias y cancelar los antecedentes registrales de tierras objeto de despojo.

El segundo y quizá el más grave para la Conexión Pacífico 3 es el hecho de que el senador se haya podido beneficiar de información privilegiada con la que habría adquirido estos terrenos a precios muy por debajo de su valor, poco antes de su revalorización. En agosto de 2011 -advierte la Procuraduría-, “ISA presentó su Estudio de Trazado y Diseño Geometrico Fase II Factibilidad”, de carácter reservado, en el que quedaron incluidos los tres predios como fuente de materiales para la obra. Los cuales a su vez adquirió cinco meses después el político paisa por un valor menor a la mitad de su avalúo comercial.Re

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Aunque el contrato original se liquidó y terminó debido a un problema relacionado con las condiciones de bancabilidad del proyecto y de Tasa Interna de Retorno, al menos uno de los predios quedó previsto como parte de la negociación para enajenación voluntaria de la segunda versión de la autopista “con el fin de permitir la intervención de los taludes completos para la segunda calzada” precisó el Ministerio Público. En caso de confirmarse la información, podría tratarse de un caso de violación de información confidencial y de un aprovechamiento indebido de la misma para la realización de proyectos personales que podrían poner en entredicho la viabilidad del tramo concernido de las Autopistas de la Montaña

Si bien la Procuraduría “reconoce que es cierto que el proyecto vial de infraestructura conlleva un interés público, nacional y estratégico, y que las áreas necesarias para su intervención deben ser entregadas y transferidas lo antes posible a nombre de la Nación, advierte que el proceso de restitución de tierras hace parte del marco de la justicia transicional y contempla una finalidad superior dirigida a lograr la reparación integral y efectiva de las víctimas” enfatizó el documento. Además de lo cual solicitó a la Corte Suprema de Justicia acelerar las investigaciones en contra del senador Oscar Mauricio Lizcano, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de restitución de tierras relacionados en esta advertencia.

SEMANA habló con el senador Mauricio Lizcano, quien dio su versión de los hechos.

"Lo primero es que sobre esas tierras nunca ha existido despojo. Lo que pasó en esas tierras fue que una persona que tenía una deuda no la pagó y como no la pagó, un juez de la república se la remató. Si hubo un tipo de despojo, hubo despojo judicial. Las víctimas demandaron al juez y un juez de Antioquia declaró que el remate estaba bien hecho e incluso dijo que no existió nunca despojo. Las víctimas pusieron una tutela ante la CSJ que también se negó. Nosotros no teníamos porque enterarnos de lo que sucedió, eso pasó en 1996. Yo no vivía en Colombia, mis papás no tenían porqué saber, sino, no habríamos comprado. ¿A quién le interesa tener un chicharrón así? Eso está demostrado en el proceso de restitución de tierras" explicó, acerca de las acusaciones de despojo.

En lo que tiene que ver con la negociación con la ANI y el presunto acceso a información privilegiada, el congresista respondió.  

"Ni nosotros podemos vender el predio, ni el gobierno lo puede comprar. La Ley de Tierra dice que esos terrenos en disputa no pueden ser vendidos ni comprados y nosotros no tenemos interés en comprar ni vender y no estamos negociando con la ANI. Lo único que está haciendo la ANI es notificar a los dueños del predio que van a vivir una expropiación administrativa. Ellos lo que quieren es ampliar la vida de 10 metros a la derecha. Pero nosotros no podemos negociar esa tierra."

"Se trata de una carretera que lleva 40 años pasando por allí, no es un trazado nuevo. La finca de al lado que pasa por la misma vía es de mi abuelo que ya falleció. Osea que la heredó a mi mamá. Si nosotros hubiéramos querido tener un lote, no necesitábamos otra finca, porque la de al lado es nuestra desde hace más de 100 años. La finca de mi abuelo es de 16 hectáreas, la que nosotros compramos es de más o menos 68 hectáreas, son pequeños terrenos.  Como era muy chiquita la finca, nos costaba muy caro mantenerla. Por eso decidimos comprar el otro lado a una inmobiliaria, al precio del mercado", concluyó el senador.