Procuraduría pide que Centros Poblados devuelva de inmediato los $70.000 millones del anticipo de MinTIC

La Procuraduría General de la Nación pretende que el país recupere los 70.000 millones de pesos del anticipo que el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTIC) le dio a la Unión Temporal Centros Poblados, en el polémico contrato que pretendía llevar conectividad a las zonas más remotas del país.

El Ministerio Público interpuso una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que ordena a Centros Poblados de Colombia 2020 y sus integrantes devolver el anticipo del contrato.

Así, a través de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, el Ministerio Público indicó que, ante las múltiples irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas en aras de evitar la recuperación de los recursos “en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”.

En la acción popular, la Procuraduría pidió que se declaren vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet y a su prestación eficiente, continua y permanente, por cuenta de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.

Entre los accionados en este proceso están el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), representado legalmente por Karen Abudinen Abuchaibe o por quien haga sus veces; el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y sus integrantes, once empresas y una fundación.

Asimismo, el organismo también solicitó ordenar a los integrantes de Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a Colombia por un valor equivalente a 42.944 salarios mínimos, con base en una estimación anticipada de perjuicios de acuerdo con la cláusula, de acuerdo con la cláusula penal del contrato. Sumado a eso, exige establecer “el pago del daño emergente ocasionado por cuenta de la planeación y ejecución del objeto contractual, sin el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución”.

El órgano de control solicitó que se le ordene al MinTIC y al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) que:

• Adopte de manera inmediata las medidas necesarias frente a SESCOLOMBIA S.A.S, la interventoría y los funcionarios públicos y demás contratistas que tuvieron que ver en la consolidación de las irregularidades presentadas.
• Establezca los correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas, que aseguren o propendan por la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público esencial de internet, de acuerdo con el alcance del Contrato Fondo N°. 038 de 2020 en los 15 departamentos y en Bogotá, según objeto del contrato N°. 1043 de 2020.

En cuanto a Centros Poblados y sus integrantes, así como a los socios, partícipes y/o beneficiarios, SESCOLOMBIA S.A.S Y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, la Procuraduría pidió declararlos responsables por los daños, perjuicios e indemnizaciones que se presentaron en la ejecución del contrato caducado y adjudicado al segundo en orden de elegibilidad. También que en esta decisión se vincule al MinTIC y al Fontic.

Además de lo anterior, el Ministerio Público solicitó que el tribunal disponga que la sentencia frente a esta acción popular tenga prevalencia sobre cualquier decisión arbitral o judicial en los asuntos tratados frente al caso.