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Procuraduría pide que se siga investigando la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave del caso Odebrecht
A esta hora se desarrolla la audiencia en la que un juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de archivar el caso.
Este viernes se desarrolló la audiencia en la que un juez escuchó los argumentos de las partes frente a la solicitud de la Fiscalía de archivar el caso que se adelanta por la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo en el caso de corrupción de Odebrecht.
El ente acusador dijo que la muerte del excontroller de la Ruta del Sol se produjo por causas naturales y que la de su hijo Alejandro se produjo al consumir, por error, una botella agua contaminada con cianuro que el padre había preparado con intenciones de quitarse la vida, por eso solicitó precluir el caso.
La Fiscalía aseguró que “Jorge Enrique había exteriorizado tendencias suicidas y había contemplado el uso de cianuro. Con antelación el señor Jorge Enrique tenía como hábito preparar botellas con cianuro”.
Jorge Pizano falleció el 8 de noviembre del 2018, su hijo Alejandro, falleció tres días después, cuando llegó a la casa donde vivía su papá, en Subachoque, Cundinamarca, para darle el último adiós. Padre e hijo murieron en medio de las investigaciones que adelantaba la Fiscalía por los hechos de corrupción que rodearon a la multinacional brasilera.
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Para la Procuraduría, al igual que para la defensa de las víctimas en cabeza del abogado Miguel Ángel del Río, es necesario seguir investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Jorge Pizano y de su hijo Alejandro Pizano, debido a las incongruencias en varios de los testimonios de los trabajadores de la vivienda de la familia y la alteración de varias de las pruebas recaudadas.
Entre las inconsistencias están por ejemplo el testimonio de una empleada de la familia quien en una declaración dijo no haber notado nada extraño en la vivienda de la familia Pizano Ponce de León, pero en otro momento dijo que haber visto el cianuro, una nota de despedida escrita por Pizano y rastro de lo que parecía ser sangre en una toalla.
La Procuraduría y la representación de las víctimas estuvieron de acuerdo en que resulta igualmente sospechoso que la botella que contenía el cianuro solo tenía ADN de Jorge Pizano y no tenía huellas dactilares de su hijo Alejandro pese a que él y otros miembros tuvieron contacto con esta.
La defensa de las víctimas también llamó la atención sobre el hecho de que se hubieran borrado chats del celular de Jorge Enrique Pizano, entre esos, conversaciones que sostuvo con periodistas días antes de su repentina muerte.
El abogado Miguel Ángel del Río también señaló que, preocupado por su seguridad, dos meses antes de su muerte Pizano había instalado cámaras de seguridad en su vivienda. Pese a que los videos allí registrados pudieron haber brindado información relevante para el caso, los investigadores de la Fiscalía no extrajeron los videos argumentando que eran muchas horas de trabajo que dificultaban esta tarea. Finalmente, la Fiscalía llevó las grabaciones a una oficina de análisis forense para buscar una solución, sin embargo, cuando llevaron a legalizar la información ante un juez de control de garantías este declaró la prueba como ilegal por haberse presentado fuera de los términos de la ley
De igual forma, el abogado de víctimas mencionó que el entonces fiscal general de la Nación. Néstor Humberto Martínez, se llevó de manos de la esposa de Pizano, sin protocolos de seguridad ni cadena de custodia, el IPad del difunto y lo regresó horas más tarde.
“Esta representación de víctimas está completamente segura de que detrás de estos hechos hubo una actividad delictiva para desviar la investigación de las denuncias de Jorge Enrique Pizano sobre Odebrecht”, dijo el abogado Miguel Ángel del Río, quien pidió no archivar las investigaciones.
Ahora, el juez analizará los argumentos de cada una de las partes y fijo para el día 8 de marzo del 2024 una audiencia en la que anunciará su decisión.