Procuraduría pide respeto por los derechos humanos en protestas y en el caso de líderes sociales

En la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, resaltó el trabajo incansable y la lucha de los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, de las organizaciones y y movimientos sociales que “buscan aportar a la construcción de paz y al fortalecimiento de la democracia”.

Allí en medio de la intervención en el conversatorio “Protegemos tus Derechos”, la jefe del Ministerio Público enfatizó en la importancia de dar respuesta integral a las problemáticas asociadas con las movilizaciones y manifestaciones, siempre en garantía del derecho que tienen los ciudadanos a la protesta social pacífica.

“En las protestas sociales que se han presentado, la PGN ha estado activa tratando de garantizar el respeto de los DDHH. Hacemos acompañamiento permanente. Siempre hemos estado ayudando para disminuir las afectaciones”, destacó la procuradora Margarita Cabello.

Según Cabello, se viene adelantando estricto acompañamiento a la situación de Buenaventura y explicó que la Procuraduría realiza seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados desde 2017 entre el Gobierno nacional y el Comité del Paro Cívico de Buenaventura.

“La idea que se tiene en Buenaventura es acelerar la ejecución de acciones e incrementar la consecución de metas, hay que atender la mayor cantidad de puentes posibles entre los actores para lograr satisfacer las necesidades que tiene la población, llevados todos al respeto por la dignidad humana, y poder salir adelante en ese pacto que se hizo años atrás y que seguimos siendo como Procuraduría garantes en ese sentido”, agregó.

En el caso de las protestas, cabe recordar que los sindicatos y movimientos integrantes del Comité Nacional de Paro invitaron a la ciudadanía a manifestarse a las calles el próximo 28 de septiembre, tras la aprobación casi sin discusiones de la reforma tributaria.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que el Gobierno es “experto en el arte de la mentira”, pues el documento de la reforma presentada no fue consultada con el Comité Nacional de Paro ni con ninguna de las organizaciones que convocaron las protestas de finales de abril.

De igual manera, la Procuradora explicó que la entidad no solo hace seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos en las protestas sino también en la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, así como a los flujos migratorios regionales y extracontinentales provenientes de países como Cuba, Haití, Camerún, Bangladesh, Angola e India, los cuales tienen destino Norteamérica.

“Seguimos a la altura del esfuerzo para garantizar los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. Es una tarea prioritaria que le he encomendado a todos los funcionarios del Ministerio Público”, enfatizó.

Voces del conversatorio

Por su parte, en medio del evento de la Procuraduría, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, resaltó el hecho de que la Procuraduría General de la Nación tenga por primera vez en su historia una mujer a la cabeza.

“Celebro que en Colombia tengan una mujer como Procuradora. Estamos caminando juntas con la gente de Buenaventura y es importante que allá puedan hacer frente a la desigualdad y la violencia”, destacó.

En el desarrollo del conversatorio, en el que participaron la representante legal de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), Clemencia Carabalí, y el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Marco Romero, el Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, rechazó la estigmatización de la que son víctimas los líderes sociales y enfatizó en la importancia de generar espacios de diálogo entre organizaciones sociales y autoridades nacionales, departamentales y municipales y de diseñar una política pública participativa para la promoción y protección de los DDHH.