Procuraduría pide suspender licitación para construir acueducto de Santa Marta por “inconsistencias”: esto encontró

La Procuraduría General solicitó la suspensión del proyecto de construcción del sistema de acueducto, conocido como El Curval, en Santa Marta, debido a posibles irregularidades en los requisitos exigidos en el proceso de contratación.

El Ministerio Público basó su solicitud en las “inconsistencias halladas en las exigencias, requisitos y reglas del proceso licitatorio, como también en la falta de claridad de los criterios técnicos y financieros de las obras a realizarse”.

Según el órgano de control, estas observaciones ya habían sido planteadas a la Alcaldía de Santa Marta, pero no se ha obtenido respuesta hasta el momento. Por esta razón, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública exhortó a la Alcaldía a suspender los trámites de contratación hasta que se realice un análisis riguroso de la información solicitada.

Precisamente, el pasado 12 de octubre, la Procuraduría había expresado su preocupación por los diseños, estudios, planes presupuestales y pliego de condiciones del proyecto. Según la Procuraduría, estos elementos presentaron “algunas falencias” que podrían ocasionar dificultades en el proceso de ejecución del contrato en el futuro.

Entre las observaciones realizadas por la Procuraduría se destaca la preocupación por posibles irregularidades en el proceso licitatorio, si no se aclaran ciertos puntos relacionados con la participación de proponentes.

Asimismo, la Procuraduría Primera Delegada advirtió entonces que “no se evidencian criterios técnicos ni financieros en ciertos requisitos planteados, como la carta de cupo de crédito, el sustento del presupuesto oficial, el análisis de alternativas contractuales, riesgos previsibles, forma de pago y posible alteración del documento tipo aplicable. De igual manera, los documentos del proceso contractual tampoco especifican cuáles son las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para ejecutar los trabajos del sistema de acueducto”.

Ante este alarmante panorama, el Ministerio Público hizo un llamado a suspender licitación pública para garantizar el debido cuidado e inversión del presupuesto público, ya que el valor del proyecto asciende a $ 1.642.317.567.721.

Las dudas de la Procuraduría sobre las pruebas para operación de turbinas de Hidroituango

Por otro lado, a pesar del hito alcanzado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la puesta en funcionamiento de las unidades de generación tres y cuatro del megaproyecto de Hidroituango, la Procuraduría conserva sus dudas y solicitó a EPM información sobre las pruebas para la puesta en operación de estas unidades.

El ente de control, como parte de sus funciones de monitoreo, vigilancia y control al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al Proyecto Hidroituango, pidió a EPM que precise si las unidades 3 y 4 pasaron por la prueba de rechazo de carga a potencia nominal o si esa prueba está pendiente por efectuarse.

La Procuraduría constató que, en el caso de las unidades 1 y 2, las pruebas tipo D incluían el rechazo de carga, mientras que para las unidades 3 y 4, en las mismas pruebas, solo se hace mención a la sincronización. Por esta razón, el organismo ha solicitado a EPM que aclare este punto.

La Procuraduría recordó que durante toda la gestión de seguimiento al proyecto ha insistido en que la puesta en operación de las turbinas debe realizarse en el menor tiempo posible, con las mayores condiciones de seguridad viables para reducir el riesgo del uso permanente del vertedero al disipar la energía por las turbinas. Además, afirmó que toda decisión relacionada con el proyecto debe basarse exclusivamente en la evidencia y propendiendo por brindar información completa, clara y permanente, en tiempo real, a las instituciones y a las comunidades.