Procuraduría pidió a MinAmbiente regular trámite de certificaciones ambientales

La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio de Ambiente regular trámite de certificaciones ambientales para nuevas solicitudes de concesión minera en defensa de ecosistemas estratégicos.

De acuerdo con el ente de control, en una orden impartida el 4 de agosto de 2022 por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se indicó que las autoridades ambientales competentes deberán expedir a los interesados en esta titulación un certificado en el que conste que su proyecto no se superpondrá con alguna de las áreas ambientales que están o deben ser protegidas.

Sin embargo, a pesar de la anterior orden, según la Procuraduría, las reglas para la expedición de dichos certificados aún no se han definido.

Por lo tanto, recordó a la cartera de Ambiente que tiene un plazo de tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para presentar estas directrices que permitirán expedir dichas certificaciones.

En la Circular n.° 2 de diciembre de 2022, la Procuraduría advirtió respecto a la necesidad de que las entidades pertenecientes a los sectores ambiental y minero “establezcan conjunta y articuladamente el procedimiento, los mecanismos de coordinación y los plazos para la expedición de los certificados que deberán de presentarse junto con la solicitud de titulación minera”.

Finalmente, el ente de control instó al citado Ministerio, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y a las autoridades ambientales urbanas a que adopten las medidas necesarias que permitan a la Agencia Nacional de Minería y a la Secretaría de Minas de Antioquia verificar la autenticidad de las certificaciones que se alleguen con las solicitudes de títulos mineros, así como la publicidad de la información respectiva, sujetándose de manera rigurosa en la expedición a los lineamientos que se definan.

“El órgano de control continuará velando por el cumplimiento de esta sentencia que busca garantizar la protección, el desarrollo sostenible, conservación y restauración de las de las áreas estratégicas de importancia ambiental en el país”, concluyó la Procuraduría.

Procuraduría solicitó informe al Fondo de Financiamiento de Infraestructura

La Procuraduría General de la Nación pidió recientemente a la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) informar sobre el estado de ejecución de 68 obras en instituciones educativas oficiales, cuya ejecución se realiza con recursos de ese fondo y que, según el ente de control, presentan retrasos que en algunos casos superan los dos años.

Por lo tanto, la Procuraduría le solicitó al FFIE que precise las gestiones adelantadas durante el año 2022, orientadas a garantizar la reactivación, el avance o la entrega de estas obras.

De acuerdo con el Ministerio Público, son de especial preocupación las demoras en la ejecución en los departamentos de Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó, por ser territorios que concentran el mayor número de proyectos ejecutados con retrasos.

“Asimismo porque en buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega”, agregó la Procuraduría General de la Nación.

Por último, la Procuraduría General de la Nación advirtió que continuará velando por la correcta ejecución de las obras y proyectos, que resultan indispensables “para garantizar el derecho a la educación y reducir las brechas de acceso, permanencia y calidad que persisten en muchas regiones del territorio nacional”.