Procuraduría pidió mantener convenio que facilita cobro de cuotas alimentarias a ciudadanos colombianos que viven en el exterior

La Procuraduría General de la Nación le pidió la Corte Constitucional declarar exequible, es decir, acorde a la Constitución, el convenio sobre el cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, hecho en La Haya, Reino de los Países Bajos, en 2007, el cual busca asegurar que las obligaciones alimentarias reconocidas por las autoridades colombianas no puedan ser eludidas cuando el responsable se encuentre en el extranjero.

En su concepto, el viceprocurador general de la nación, Silvano Gómez Strauch, destacó que el instrumento es una “solución a la situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener alimentos de otras que se encuentran en el extranjero”.

En Colombia, cuando se genera un proceso de separación al interior de un hogar, es decir, que el padre y la madre deciden ponerle punto final a su relación sentimental, pero ambos son responsables del sostenimiento de uno o varios hijos, es importante que se establezca una cuota alimentaria para garantizar el desarrollo integral de los menores de edad.

Este es un tema que puede acordarse, ya sea por medio de una conciliación entre los padres o en un proceso judicial tras el divorcio de la pareja. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cuota alimentaria es una obligación de ley, por lo que en el país se encuentran establecidos unos mecanismos y procedimientos para salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes, cuando el padre o la madre no cumplen con la entrega mensual del dinero establecido para la manutención de los mismos.

En este concepto, el Ministerio Público sostuvo que el tratado busca “garantizar la vida digna, el mínimo vital y los derechos fundamentales de aquellas personas, primordialmente miembros de la familia o vinculadas legalmente, frente a quienes asiste una obligación de solidaridad y equidad en razón a que no pueden procurarse su sostenimiento por sí mismas”, objetivos a los que deben propender los Estados que son parte.

De igual manera, el ente de control indicó que “el convenio protege a la familia como institución básica y núcleo fundamental de la sociedad, porque facilita los procedimientos jurídicos disponibles en los diferentes países para el cobro de las cuotas alimentarias, evitando la evasión de las obligaciones de quienes se encuentran fuera de la jurisdicción estatal respectiva”.

Finalmente, la Procuraduría constató que el convenio fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 2212 de 2022, siguiendo las exigencias procedimentales establecidas en la Constitución, y verificó el respeto de las normas internacionales aplicables a la suscripción de esta clase de tratados.

Cabe recordar que el incumplimiento en el pago de la cuota implica un delito, tipificado en el artículo 233 del Código Penal, y puede dar lugar a pena de cárcel que va desde los 16 hasta los 54 meses de prisión, así como multa de entre 13,33 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La semana pasada, el Gobierno nacional radicó este lunes un proyecto de ley que desató toda una polémica, pues elimina de tajo la existencia de este delito, lo que podría ser tomado como un premio para los padres irresponsables.

El proyecto, con el que se busca humanizar la política criminal y penitenciaria, ha generado controversia en el país por varios de los puntos propuestos, pero sin duda uno de los que más rechazo ha provocado es el de la eliminación de este delito.

“Se elimina el delito de inasistencia alimentaria sin definir algún otro mecanismo para sancionar a los padres que no responden económicamente por sus hijos”, explicó el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, quien hizo la denuncia.

Si bien está claro que el proyecto lo que busca es descongestionar las cárceles donde hay detenidos acusados de delitos menores, eliminar el delito de inasistencia alimentaria, según algunos expertos, podría afectar directamente los derechos de los niños.