Procuraduría pone la lupa a construcción de cárceles en La Guajira y Magdalena por retrasos. Hay amenaza al patrimonio público

Un llamado de atención hizo la Procuraduría General de la Nación a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), tras el desalentador panorama que encontró en las obras de construcción de cárceles en Magdalena y La Guajira, que presentan saldo en rojo.

Según explicó el Ministerio Público, estos proyectos que acumulan cerca de 4 años de construcción, con los retrasos observados, representan un riesgo para el patrimonio público, debido a las altas inversiones presupuestales que ascienden a más de 400.000 millones de pesos.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública encontró, entre la documentación, que el avance de las obras de la cárcel de mediana seguridad en la población de San Ángel, Magdalena, con capacidad para 1.914 reclusos, apenas llega al 34,94 %.

La misma situación se evidencia en la ciudad de Riohacha, donde también se adelanta la construcción de una cárcel de mediana seguridad y sus trabajos de ejecución van apenas por el 48,14 %, representando gran preocupación al ente de control.

Estos retrasos y las modificaciones a los cronogramas afectan las metas en cuanto a la disminución del hacinamiento en los establecimientos de reclusión y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, según indicó el Ministerio Público.

Por eso, la entidad manifestó que es posible que se haya vulnerado el principio de planeación en materia contractual con respecto a la estimación de los plazos de culminación de las obras, teniendo en cuenta que después de casi 4 años de la firma de los contratos todavía no se supera el 50 % de ejecución.

El ente de control instó entonces a la Uspec para que adopte los mecanismos jurídicos, financieros y técnicos que sean necesarios y logre evitar nuevas modificaciones de las condiciones contractuales y prórrogas que impidan el cumplimiento de entrega de las obras, previstas para junio y diciembre de 2025.

Cabe recordar que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios estaba bajo la lupa de la Procuraduría por la construcción de la Fase II del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, Eron, en Pereira.

Los trabajos de ampliación del penal cuentan con inversiones que superan los 200.000 millones de pesos, pero desde su arranque ha estado en la mira del Ministerio Público, por varias presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en la ejecución del proyecto.

La Procuraduría levantó las alertas respectivas “para minimizar riesgos al no concretar claramente el inicio del contrato para la construcción de la Fase II de la cárcel, adjudicado desde el 28 de diciembre de 2023″, indicó la entidad en un comunicado.

Para el ente de control la situación genera alarma, ya que hoy, casi tres meses después de adjudicar la obra y contratar su interventoría, no se ha suscrito el contrato aduciendo problemas administrativos y financieros.

Para la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, esta situación advierte riesgos para el patrimonio público, pues podría generar sobrecostos y reclamaciones por parte de los contratistas e interventoría por los retrasos en el cronograma de la obra.