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Nación
Procuraduría pone la lupa en polémica disputa por predio para la Troncal de los Andes, en Chía
La Procuraduría de Instrucción de Zipaquirá y la Personería de Chía realizarán una vigilancia especial en este caso en el que un particular presuntamente se habría apropiado de un predio para beneficio propio.
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La inexplicable presunta apropiación de un predio de parte de un particular justo en una zona donde debía pasar la Troncal de los Andes, justo en la carretera pública rural de Samaria (conocida anteriormente como Las Delicias-El Cerrito), ya tiene los ojos puestos por parte de las autoridades. La Procuraduría y la Personería realizarán una vigilancia especial por este asunto que de mantenerse así generaría drásticos y costosos cambios en la obra.
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Un ciudadano había pedido estas medidas al señalar que la apropiación de la hacienda Samará, por donde antes pasaba la carretera veredal que conectaba a Chía y El Cerrito obligaba a “tener que usar vías alternas con incremento de curvas de 90 grados, cuando se contaba con una línea recta de trayectoria”.
Su petición fue escuchada, la Procuraduría de Instrucción de Zipaquirá y la Personería Municipal de Chía, por competencia, asumirán este caso.
Pero el asunto no para ahí, la Procuraduría indaga si en medio de este debate, que ya llegó a los estrados judiciales, hay funcionarios públicos involucrados que de haber cometido irregularidades de inmediato serían investigados.
También se conoció que para los próximos días se presentará una acción popular, que busca que los entes de control se pronuncien y tomen decisiones de fondo frente al tema que afecta a los habitantes de la zona y que generaría millonarios sobrecostos en la obra de la Troncal de los Andes.
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En el documento con el que se presentó la solicitud de vigilancia especial tiene planos del tramo vial que opera actualmente sin los permisos. Tras revisar las escrituras públicas que datan de 1994, se concluye que “la vía no hace parte del terreno, por lo cual ni siquiera la misma resolución autoriza apropiarse de ella”.
Igualmente, se anexan las fotografías de la carretera que, según él, opera de manera ilegal. Frente a esto pidió una vigilancia especial a la Alcaldía y la Personería con el fin que se revisen las escrituras públicas de dicho predio y se evalúe la existencia de la obra y las irregularidades que se presentan allí.
“(…) la existencia del plano anexado en este documento, en el que se determinan claramente que el tramo de 1.280 m aproximadamente de la carretera rural de Samaria o conocida anteriormente Las Delicias-El Cerrito es una vía pública y que no hace parte de los terrenos allí descritos, al encontrarse claramente determinados los límites de los terrenos por el sistema de mojones y de planimetría a través del sistema de colores”, señala.
Considera que se está vulnerando el principio de bien público, omitiendo el hecho que es inalienable e imprescriptible. “(…) ello significa que personas naturales o jurídicas no pueden adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, es decir, que la ocupación o posesión de un bien público jamás dará lugar a la adquisición de dominio por prescripción”. Frente al tramo de 1.280 metros en el que opera actualmente la carretera no se ha tramitado ninguna clase de proceso o gestión administrativa pública.
“No es posible autorizar construcciones de loteo o construcción de vivienda sobre el tramo”, esto debido a que la ley lo restringe, ya que afecta el uso y la movilidad pública. Las resoluciones que presentaron los herederos de los terrenos no hacen referencia al tramo de 1.280 metros, por lo que no hacen parte de los terrenos vendidos o adquiridos.
“Esta franja de terreno, reconocida en diferentes escrituras como propiedad de María de Cifuentes o sus herederos, tiene acceso a través de la carretera veredal de Samaria o Carrera a Chía, por lo cual mediante una vía de hecho al apropiarse de esta carretera se privó de uso a esta franja de terreno”, aclara.
En marzo pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó, parcialmente, la medida provisional de la licencia ambiental para la construcción de la Troncal de los Andes. En el fallo se decidió mantener la suspensión sobre todas las obras y actividades sobre el predio San Jacinto, lugar donde se ubica el cuerpo de agua que se pretende proteger.