Procuraduría pone la lupa sobre el Canal Uno

El Plan Nacional de Desarrollo que pasó a final de año en el Congreso planteó un cambio estructural en la forma como se presentan los contenidos del Canal Uno, que se emite en la parrilla pública de televisión.

El Congreso materializó una vieja intención del Gobierno que pretendía establecer nuevas reglas para la concesión de espacios televisivos en el Canal Uno. Entre los cambios más profundos se cuenta la derogatoria de una norma que limitaba el número de horas del que podía disponer una sola programadora o concesionario.

De esta forma, las nuevas disposiciones le otorgaron a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) la libertad para conceder horas de transmisión “de manera irrestricta”. Esto encendió las alarmas al interior de la Procuraduría.

El ente de control pidió ante la Corte Constitucional tumbar competencias asignadas a la ANTV, para evitar que los espacios sean adjudicados únicamente a actores afines a la administración de turno. El ente de control teme que la programación del Canal Uno de televisión pública se convierta en un aliado de la propaganda del gobierno nacional.

Por eso, atacó algunas de las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo que establecen cuáles serán las competencias de ANTV. La Procuraduría fue más allá. A su juicio, la disposición que pasó en el Plan Nacional de Desarrollo “podría convertir los espacios que allí se oferten en una herramienta de proselitismo para los gobiernos”.

Caja de pandora

Los argumentos de la Procuraduría abren la puerta a una controversia que tiene tanto de ancho como de largo. El modelo de televisión pública que tiene Colombia fue ampliamente discutido en la última década, sin embargo, ahora el propio procurador Alejandro Ordóñez pone el dedo en la llaga respecto al manejo que se le pueda dar a las parrillas de programación.

Ordóñez aseguró que la eliminación del límite al número de horas en las cuales puede transmitir un solo concesionario “puede estar relacionado con la intención del gobierno de turno con concentrar los medios de comunicación en personas que le sean afectas y no a los opositores, lo que, por contera, va en contra de la definición democrática del Estado colombiano y del pluralismo informativo”.

Precisamente esa preocupación sobre el “pluralismo informativo” puede ser el puntapié inicial de una discusión que puede ser histórica. ¿Hasta qué punto el Ejecutivo, representado en este caso por la ANTV, tiene la necesidad de controlar el tono de los contenidos que tienen los concesionarios de Canal Uno? Para la Procuraduría, las nuevas disposiciones rayan hasta en lo “antidemocrático”.

La directora de la ANTV, Ángela María Mora, explicó en rueda de prensa convocada para otras cuestiones, que “no es competencia de la ANTV los temas de contenidos de canales, programadores o concesionarios”. La discusión, entonces, se centrará en las horas al aire que cada uno tenga.

¿Cómo funciona el modelo?

En la actualidad, el Canal Uno es propiedad del Estado, a través de RTVC, Sistema de Medios Públicos, adscrito al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

La programación del Canal Uno está en concesión a tres empresas privadas: CM&, Jorge Barón, Unión Temporal Colombiana de Televisión - NTC y RTVC, Sistema de Medios Públicos, cada una de las cuales tiene a su cargo el 25 % de la programación.

Con la disposición, que ahora pasará a consideración de la Corte Constitucional, esta repartición de la programación cambiaría de acuerdo con las aprobaciones respectivas de la ANTV. En el portal de canal aseguran que tiene una programación “de calidad con énfasis en información, entretenimiento y cultura”. Esta batalla apenas comienza.