Procuraduría prende la alerta por gigantesco aumento de cultivos ilícitos en zona fronteriza entre Colombia y Venezuela

Las cifras de cultivos ilícitos, en Norte de Santander, acaban de hacer que la Procuraduría le ponga la lupa a una situación que cada vez es más difícil de enfrentar, no solo en ese punto del país sino en otros departamentos.

En una alerta reciente, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado a las autoridades competentes para que atiendan la alerta sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas SIMCI en relación con el aumento y concentración de cultivos ilícitos en zonas de frontera del departamento.

El panorama es preocupante. Según el más reciente informe SIMCI, Norte de Santander es la segunda zona del país con mayor área cultivada con hoja de coca, por su situación geográfica en zona de frontera con Venezuela, que ha resultado atractiva para varios grupos armados ilegales que se disputan el control social y las rutas del narcotráfico.

Durante su intervención en el Espacio Regional para la Promoción de los Derechos de líderes y lideresas sociales, capítulo Catatumbo, organizado por la entidad, la procuradora analizó los riesgos que trae para las comunidades esta proliferación.

“La concentración de cultivos trae consigo un aumento en diferentes variables. Por ejemplo, incrementan las minas antipersonales, municiones sin explosionar y los artefactos explosivos improvisados; aumenta la probabilidad de violación de derechos humanos por, entre otras cosas, el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales; y, evidentemente, se termina promoviendo la corrupción y la violencia”, explicó la jefe del Ministerio Público.

Durante su encuentro con líderes sociales y autoridades de los municipios de Sardinata, Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú, que conforman la subregión del Catatumbo, la Procuradora llamó la atención sobre el bloqueo institucional que se presenta en la zona, donde el Estado no ha podido recuperar su presencia y control en los territorios disputados por grupos ilegales, generando incertidumbre, inseguridad alimentaria, más cultivos ilícitos, corrupción, y miedo a denunciar por parte de líderes y lideresas.

“Los riesgos contra estas comunidades aumentan, como lo ha registrado el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en más de 19 oportunidades. Entre los principales se encuentran los confinamientos, las extorsiones, las amenazas, los constreñimientos y las estigmatizaciones provenientes de todos los actores del conflicto. En general, encontramos grandes limitaciones para que la población en riesgo tenga acceso a rutas de protección”, apuntó la procuradora Cabello Blanco.

La procuradora aseguró que la entidad participa en este y otros escenarios en aras de exigir la protección de los líderes y lideresas sociales y que las autoridades competentes orienten su gestión hacia la superación de las amenazas. Reiteró, además, que el Ministerio Público verificara rigurosamente el cumplimiento de las rutas de atención establecidas por la ley, so pena de iniciar acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que las desconozcan.

Las cifras coinciden con el más reciente informe de Naciones Unidas, revelado en primicia por SEMANA.

Colombia llegó a la cifra más alta en cuanto a aumento en su historia, basados en las cifras del año anterior (2021) con un crecimiento superior al 43 %, en parte, señala el informe, impulsado por decisiones judiciales en temas como la erradicación manual y otros.

Las regiones más afectadas por el aumento son: Nariño, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo. En total, dicho aumento representa un total de más de 204 mil hectáreas. La cifra es aterradora y refleja los pocos avances en la lucha contra los cultivos de uso ilícito, porque al comparar, por ejemplo, con 2012, eran 48 mil hectáreas totales que había en el país.

El potencial de producción es de 1400 toneladas de clorhidrato de cocaína que mantiene con tendencia al incremento, una situación que viene consolidándose desde 2014, confirmó Candice Welsh, directora regional de la UNODC para la región andina.