Procuraduría reporta 20 candidatos al Congreso inhabilitados

Con la inminencia de las elecciones para el Congreso de la República, que se realizan el 11 de marzo próximo, los partidos y movimientos políticos que aspiran a tener una curul en el capitolio se encuentran repasando sus listas para evitar que tengan algún colado que les pueda acarrear problemas administrativos o judiciales.

El plazo para inscribir dichas listas se cerró definitivamente el 18 de diciembre, por lo que desde ese día quedó en manos de los organismos de control analizar la idoneidad de los casi 3.000 nombres que llegaron a la Registraduría aspirando a un cupo en la Cámara o en el Senado.

La más reciente voz de alerta por posibles inhabilidades de candidatos la acaba de elevar la Procuraduría, despacho que analizó un total de 2.779 aspirantes (986 a Senado y 1.793 a Cámara) y encontró un total de 19 personas que tendrían que desistir de su candidatura.

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De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, fechado del 26 de diciembre y remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE), el movimiento ‘Todos somos Colombia’ es el que más personas inhabilitadas avaló, con un total de 7.

Le siguen el Partido Somos con 3; Farc con 2; y luego están con 1 Cambio Radical, Opción Ciudadana, Partido Liberal, ASI, Funafropecor, Afrosanpedro y Colombia Negra.

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Este listado se complementa con otro de 12 aspirantes más que fueron rotulados en el “registro de sanciones confirmadas y no certificables”, en el cual hay 3 del partido Farc; con 2 aparecen Partido Somos, Todos somos Colombia y Opción Ciudadana; y con 1 se registraron al Polo, al Partido Liberal y la ASI.

El reporte es clave en plena época electoral, pues permite determinar quiénes sí cumplen con todos los requisitos necesarios para aspirar a una curul en el Congreso y, por supuesto, evidencia a los que no.

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Este documento, además, ayuda a que los mismos partidos y sus dirigentes analicen más a fondo sus listas, pues al avalar personas inhabilitadas podrían incurrir en multas por más de 500 millones de pesos e incluso hasta en prisión de 4 a 9 años.

Claro está que la misma Procuraduría indica que si las colectividades o los mismos candidatos no están de acuerdo con estos reportes, deben notificarlo al Ministerio Público con todos los soportes requeridos para corregir, de ser necesario, la situación.

“Si bien es cierto la información generada en el presente reporte es con base en las sanciones que el día 22 de diciembre del 2017 han sido informadas a la Procuraduría (...), tal situación no obsta para que en el transcurso del presente proceso electoral se susciten nuevas circunstancias jurídicas que a la fecha no han sido reportadas”, precisa el Ministerio Público.