Cúpula del Banco Agrario: absuelta penalmente, pero con sanción administrativa por préstamo a Navelena

Varios directivos del Banco Agrario estaban enredados por una presunta administración desleal y la violación del reglamento interno de la junta directiva del banco al momento de aprobar y otorgar un millonario crédito al consorcio Navelena, controlado por Odebrecht, que pretendía mejorar la navegabilidad del río Magdalena con obras de infraestructura. Aunque seis funcionarios fueron absueltos de la responsabilidad penal, hoy el Ministerio Público sancionó en primera instancia a 11 directivos.

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La sanción disciplinaria 

La Procuraduría pudo establecer que el multimillonario crédito se otorgó aún a pesar de que al momento de hacer el préstamo, el socio mayoritario (Odebrecht) tenía un “claro y evidente riesgo reputacional”. Lo anterior hace referencia al escándalo que generó la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil a mediados de 2015 y las pérdidas operacionales de Norberto Odebrecht Colombia.

Para el Ministerio Público el riesgo de pérdida era evidente y calificó la falta como grave a título de culpa gravísima, pues “no se interesaron en tener buen conocimiento de los riesgos que involucraba otorgar una operación crediticia a este consorcio”.

La principal señalada dentro de esta sanción es Mónica Santamaría Salamanca, exvicepresidenta de Banca Comercial del banco. Según la Procuraduría la directiva no hizo una evaluación objetiva para otorgar el préstamo que fuera “viable financiera, económica y técnicamente”. Además dice que la exfuncionaria ignoró que las garantías que presentó Navelena “eran irrelevantes” y que el socio mayoritario se encontraba en causal de liquidación. Por estos hechos fue sancionada con suspensión de diez meses, convertibles en multa que ronda los 250 millones de pesos.

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A ella le sigue la sanción contra la exvicepresidenta de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz, por 200 millones de pesos. Según el órgano de control la exfuncionaria “tramitó, analizó, evaluó y recomendó presentar la operación del crédito” sin tener en cuenta los riesgos de ese trámite. Eso, según la Procuraduría, viola los manuales internos de la entidad bancaria y de la Superintendencia Financiera, que establece el paso a paso para evaluar esta clase de créditos.

Los demás sancionados deberán pagar multas inferiores. Entre ellos se encuentran los miembros de la junta directiva Arturo Adolfo Dajud, delegado del Ministerio de Agricultura, Andrés Escobar Arango, delegado del Ministerio de Hacienda, Luis Fernando Mejía, representante del accionista mayoritario, Juan Luis Hernández, representante del Gobierno nacional, Francisco Solano, expresidente del banco, Omar Arturo Páez, gerente de Cuenta en Banca Empresarial-Gerencia Regional Bogotá y  Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupiñán como miembros independientes.

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El proceso penal: absueltos

En la ruta penal la Fiscalía acusó a seis exfuncionarios del banco por el presunto delito de administración desleal, pues consideraba que “el crédito nunca debió ser desembolsado, que las condiciones impuestas en la aprobación no se cumplieron y que el pago era absolutamente improbable”. Entre las acusadas se encontraban dos altas directivas, las exvicepresidentas de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz y de Banca Comercial, Mónica Santamaría Salamanca. Así mismo fueron señalados el vicepresidente comercial Alejandro Jiménez, Hernando Enrique Gómez, Irleana Martínez Barahona y Juan Carlos Orjuela.

En 2018 el juzgado 47 determinó la preclusión, es decir la terminación anticipada del proceso, a favor de los seis acusados. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia y libró de toda responsabilidad penal a los implicados. El argumento clave está en la misma declaración que dio el presidente del banco cuando recibió el pago del préstamo en 2017: “Me complace informarles a todos los colombianos que el día de hoy el banco recibió el pago del crédito de Navelena (...) como se dijo desde el primer día el crédito siempre estuvo garantizado, la plata estaba garantizada”.

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Además también se tuvo en cuenta el cese de la investigación que tenía abierta la Contraloría en contra del consorcio, luego de que este pagara 156.894 millones de pesos (120.000 millones más intereses) al Banco Agrario.