Procuraduría se ratifica ante la Corte Constitucional. “SuperSalud no tenía ninguna justificación para intervenir la EPS Sanitas”

No para la controversia alrededor de la intervención que el gobierno de Gustavo Petro le hizo esta semana a Sanitas y a la Nueva EPS, dos entidades que tienen más de 17 millones de afiliados. En medio de toda esa polémica, la Procuraduría alertó que la Superintendencia de Salud no tenía ninguna justificación para adelantar esos actos administrativos.

La procuradora Diana Ojeda explicó: “A nuestro modo de ver, ninguno, porque en septiembre la certifican (a Sanitas) por cinco años más y a principio de abril la intervienen, y la Procuraduría, en el ejercicio de sus funciones, estuvo buscando las razones técnicas de esa intervención y no se encontraban a disposición de la Procuraduría”.

Según el ente de control, las intervenciones generan pánico e incertidumbre, porque los efectos golpearían directamente los servicios de atención a la salud de los colombianos. Por eso, se inició con una red de vigilancia para ponerle el ojo al trabajo de los agentes interventores en materia de mejoramiento del servicio, contratación, finanzas y todo el funcionamiento alrededor de las entidades promotoras de salud.

Sobre el caso de la liquidación voluntaria que solicitó Compensar, la Procuraduría advirtió que ojalá no se llegue a otra intervención del Gobierno porque sería “grave” para el servicio de salud de los 2 millones de afiliados que hacen parte de esa entidad, teniendo en cuenta que las otras EPS no tendrían la capacidad de recibir a más personas que queden a la deriva en el sistema de salud.

“Hay unas EPS que todavía no están intervenidas, pero esto agranda la crisis de la garantía de la prestación de los servicios de salud. Nuestra labor es que se garantice ese derecho fundamental y, ante toda la crisis, no se caiga en un estado de cosas inconstitucionales donde se deje de atender pacientes, se genere pánico, se siga sin pagar, porque no hay con qué. La sostenibilidad financiera del sistema está en grado riesgo y se afecta toda la cadena”, dijo la procuradora Ojeda.

Hay que recordar que, en las últimas horas, la Procuraduría duró más de cinco horas en las instalaciones de la Superintendencia de Salud adelantando una inspección en la que se iban a recoger todas las pruebas necesarias que soportaran la decisión de la entidad para intervenir de manera forzosa a Sanitas y a la Nueva EPS.

En un video de la diligencia se evidenció el momento en que el grupo de delegados del Ministerio Público, liderado por el procurador Ramiro Escandón, le notificó a funcionarios de la SuperSalud el motivo de la inspección. En pleno encuentro, apareció el superintendente Luis Carlos Leal confesando que “las actas de la sesión del Comité no se generan en el mismo Comité, sino que la secretaria técnica tiene el tiempo para poderlas desarrollar”.

Después varias horas de inspección, el superintendente Leal salió en su cuenta de X señalando que la Procuraduría llegó a su entidad sin previo aviso y que los documentos requeridos “por horario laboral” no se podían entregar. De inmediato, el ente de control reaccionó denunciando que la Superintendencia de Salud no contaba con un solo expediente para soportar la decisión de intervenir a las dos EPS.

El procurador Escandón señaló enfáticamente: “A la llegada de la Procuraduría, se le entregó tanto a él, como a la delegada para asesoramiento, el acta de visita administrativa que tiene la firma de los cuatro delegados que vinimos a la inspección. Rechazo vehementemente las manifestaciones contrarias a la verdad realizadas por el señor superintendente. Dejo constancia de que, a la fecha, no hay un expediente administrativo que sustente las resoluciones de la toma e intervención tanto de Sanitas como de la Nueva EPS”.