Procuraduría sobre decisiones ambientales arbitrarias: “el principio de precaución no es pretexto”; hizo llamado a MinAmbiente

La Procuraduría General emitió una circular, la número 015 de 2023, en la que instó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras autoridades ambientales del país a priorizar la investigación científica y rigurosa al tomar decisiones estratégicas para la protección del medio ambiente.

Aunque no cita ejemplos puntuales, la circular enfatiza la importancia de aplicar los principios ambientales de prevención y precaución definidos en la legislación colombiana al tomar estas decisiones, y hacerlo de manera fundamentada, evitando actuaciones arbitrarias al invocar el principio de precaución -que implica la adopción de medidas protectoras cuando existen indicios de que ciertos productos o tecnologías pueden representar un riesgo para el medio ambiente-.

La Procuraduría ha identificado que en algunos casos las autoridades ambientales están tomando decisiones de regulación, ordenamiento y planificación ambiental haciendo referencia a estos principios, pero sin la debida justificación ni sustentación de su aplicación en casos específicos. Por esta razón, el ente de control insta a las autoridades a adoptar procedimientos administrativos para la aplicación de estos principios y priorizar acciones destinadas a prevenir o evitar los efectos negativos no deseados y los daños graves e irreversibles causados por actividades humanas en el ambiente, la biodiversidad, los recursos naturales renovables y la vida.

El Ministerio Público subrayó la importancia de la información científica y la aplicación de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la adopción de medidas necesarias para proteger el medio ambiente y prevenir daños causados por proyectos, obras o actividades.

“El ente de control pidió a las autoridades destinatarias de la circular, adoptar e implementar procedimientos administrativos para la aplicación de estos principios, priorizando la realización de acciones tendientes a prevenir o evitar los efectos negativos no deseados y los daños graves e irreversibles derivadas de las actividades humanas sobre el ambiente, la biodiversidad, los recursos naturales renovables y la vida”, indicó la Procuraduría por medio de un comunicado.

Esta circular es un llamado a garantizar que las decisiones ambientales se basen en la mejor información disponible y se tomen con un enfoque responsable y fundamentado en la protección del medio ambiente y la biodiversidad en Colombia. Por eso, la Procuraduría reiteró, a través de la delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, que “la información científica y la aplicación de los requisitos definidos de forma reiterada por la jurisprudencia, permite la adopción de medidas requeridas para la protección del ambiente y la prevención de los daños que un proyecto, obra o actividad pueda infligir al ambiente, recordando el carácter excepcional y motivado del principio de precaución”.

Procuraduría advierte incumplimiento en protección de la reserva Thomas van der Hammen

Por otro lado, pero en la misma línea, la Procuraduría General lanzó una advertencia sobre el incumplimiento por parte de la Secretaría de Ambiente de Bogotá y diversas autoridades locales “en sus deberes y responsabilidades” relacionados con la protección y preservación de la reserva forestal del norte de Bogotá, conocida como Thomas Van Der Hammen.

Según el Ministerio Público, el acuerdo que designó esta área como reserva forestal estipuló que tanto el Distrito Capital como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) debían establecer un comité integrado por los alcaldes locales de Suba y Usaquén, el director de la Oficina Bogotá - La Calera de la CAR, y representantes de la Secretaría de Movilidad y la Policía Ambiental. La finalidad de este comité era reforzar y coordinar las acciones de supervisión y control dentro de la zona de reserva forestal.

Sin embargo, la Procuraduría informó que, a pesar del tiempo transcurrido, hasta la fecha, dicho comité no ha sido conformado debido a la ausencia de las diferentes entidades en las múltiples convocatorias realizadas por la CAR. Para el organismo de control, esta situación es motivo de gran preocupación, “ya que del trabajo coordinado, depende la efectiva protección, preservación y restauración de esta área de reserva tan importante”.

El Ministerio Público instó a las autoridades a tomar acciones inmediatas y pertinentes, advirtiendo que la demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo 011 de 2011 y en la formación del Comité de Vigilancia y Control de la Reserva sugiere una falta de cumplimiento de sus deberes legales, lo que podría resultar en posibles faltas disciplinarias. Además, subrayó la falta de compromiso en la protección de los derechos colectivos relacionados con la preservación de esta reserva forestal.