Procuraduría suspende al gobernador de Arauca por seis meses

Por presuntas irregularidades en la firma de un contrato por 570 millones de pesos para la realización de un evento en el municipio de Cravo Norte durante la pandemia, la Procuraduría suspendió por el término de seis meses al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo.

"La Procuraduría estableció que el mandatario local vulneró los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación", señaló el ente de control, que también advirtió que compulsará copias contra varios funcionarios que participaron en el proceso de contratación.

El Ministerio Público cuestionó que el contrato se firmara en medio de la pandemia.

"Se consideró la posible transgresión del principio de moralidad y eficacia de la función administrativa, toda vez que el objeto del contrato no era posible de ser ejecutado, como se evidenció en el acta de liquidación el 17 de abril de 2020", sostuvo previamente la Procuraduría.

La defensa del gobernador señaló que el contrato nunca entró en ejecución porque se canceló. Por ello, apelará la decisión.

La Procuraduría General adelanta otro proceso disciplinario contra el gobernador de Arauca por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias  por valor de $4.463.370.180 pesos, que se encuentra en pliego de cargos.

El proceso también vincula a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna, y de Desarrollo Social, Carolina Muriel Ze

Recientemente, en un nuevo informe de la Procuraduría General de la Nación se advirtió que, en lo corrido del año, al menos tres gobernaciones y 15 alcaldías han entregado contratos por cerca de 6.000 millones de pesos a 18 financiadores de sus campañas políticas. Esto a pesar de estar inhabilitadas para recibirlos por superar el 2 por ciento de los aportes a las candidaturas, tope establecido por la ley. 

Según la entidad de control, de los 172.000 contratos registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) en 2020, 120 de ellos están relacionados con financiadores de las campañas territoriales de 2019 inhabilitadas. Todos, en su total, superan el monto de  los 45.909 millones de pesos, pero 52 de ellos superan los 5.800 millones, lo que representa un retorno del 939,5 por ciento frente a los 620,74 millones de pesos que entregaron los financiadores en 2019.