Procuraduría y Contraloría le ganan pulso a Petro por inhabilidades fiscales

La Corte Constitucional emitió un nuevo pronunciamiento en una discusión de fondo en Colombia. El que los entes de control puedan vetar con sanciones de tipo administrativo a personas elegidas popularmente es un tema que tendrá su batalla final en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta donde llegaron Gustavo Petro y la Procuraduría General a pelear por esta competencia que ya agotó todas sus instancias en el país.

Esta confrontación se originó con la sanción que el Ministerio Público impartió en contra del exalcalde por la manera en que se manejó el esquema de basuras durante su alcaldía. La Comisión Interamericana le dio la razón al exmandantario, extendiéndole una serie de órdenes al Estado colombiano; el pleito no paró allí y ahora la Nación se expone a una condena si no cambia esta competencia que actualmente tienen los órganos de control.

Muestra de que esta postura está más firme que nunca es la ratificación que acaba de hacer la Corte Constitucional de un aparte del Código Disciplinario que creó la inhabilidad para que quienes no hayan pagado sus sanciones de tipo fiscal puedan ser vetados de los cargos públicos. El tema ya había sido resuelto en decisiones anteriores, sin embargo, el abogado del exalcalde volvió a abrir la compuerta cuando radicó una demanda contra la norma.

Como suele suceder, el tema generó división y con una apretada votación de 5-4 el alto tribunal ratificó la aplicación de esta inhabilidad para todos los funcionarios, incluyendo allí a congresistas y al presidente. El pronunciamiento es clave porque además deja claro que para crear inhabilidades, el Congreso deberá seguir como regla que estas apliquen para todos los cargos públicos, y no solamente para unos específicos, como ocurrió con el derrotado régimen de inhabilidades con el que se intentó cobijar a magistrados de la JEP. 

En esta demanda en particular también terció un concepto de la Procuraduría que resultó siendo acatado por la Corte Constitucional.

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En la cuerda floja 

Petro tiene cuatro frentes abiertos en la Contraloría Distrital. Uno genera particular alerta. Se trata de la sanción que impuso este ente de control por 200.000 millones de pesos al encontrarlo responsable del detrimento patrimonial ocasionado por haber bajado los pasajes de TransMilenio en las horas valle.

Por ahora, esta sanción está en suspenso, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares de manera provisional hasta que se pronuncie de fondo sobre la sanción. Esta medida temporal le permitió el pasado 20 de julio posesionarse como senador y está en manos del Consejo de Estado decidir si mantiene o no la medida provisional. 

La Contraloría Distrital falló en contra de Petro otros tres casos en primera instancia. Uno de ellos es la que lo condenó a pagar 97.654 millones de pesos por la  implantación del modelo de aseo de su Gobierno que generó detrimento patrimonial a la ciudad. Esta sanción también afecta a otros siete funcionarios de su gobierno.

Está en manos del contralor Juan Carlos Granados decidir si mantiene en firme las sanciones de sus subalternos. Sin embargo, este lunes el Contralor Distrital fue citado a imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá. La Fiscalía anunció que pedirá medida de aseguramiento en contra del funcionario por haber supuestamente incurrido en hechos de corrupción cuando se desempeñaba como gobernador de Boyacá.

Una pelea similar por los pasajes de TransMilenio la ganó Petro en la Procuraduría. El Ministerio Público decidió archivarle un proceso disciplinario en su contra al considerar que lo que Petro impulsó fue una política pública basada en estudios técnicos, lo cual lo exime de cualquier responsabilidad. Es decir, le tiró un salvavidas. 

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En este escenario de evidente confrontación, el futuro político de Petro quedó en jaque y si las multas de la Contraloría finalmente prosperan al igual que el de muchos otros políticos que tienen pendientes con la Contraloría. Los órganos de control, entre tanto, reclaman mantener estos dientes para luchar contra la corrupción.