Procuraduría y Defensoría instalan comisión para verificar cumplimiento de las Alertas Tempranas: “85 % son desatendidas por el Gobierno”

En un trabajo conjunto y articulado entre la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se estableció la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento de la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Comprrat), en palabras más sencillas, una comisión con la que ambas entidades le pondrán la lupa a los incumplimientos por parte del Gobierno a las advertencias, en cuestión de derechos humanos, emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Esta comisión tendrá la responsabilidad de llevar a cabo acciones preventivas y disciplinarias en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas, los documentos de advertencia dirigidos a los gobiernos nacional, departamentales y locales de carácter preventivo, ante los riesgos en los que puede encontrarse una comunidad.

La Comprrat se encargará de observar y vigilar el desarrollo de las alertas emitidas entre 2020 y 2022 que estén en vigencia y cuenten con informes de seguimiento. También se ocupará de aquellas alertas que presenten un bajo nivel de cumplimiento en cuanto a las recomendaciones. Para abordar estos casos desatendidos, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, anunció la creación de un grupo especial disciplinario encargado de imponer sanciones.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que “el 85 por ciento de las recomendaciones que emitimos a través de las Alertas Tempranas son desatendidas por el Gobierno nacional y los diferentes gobiernos territoriales, lo cual genera evidentemente preocupación”.

Ante estas cifras alarmantes, la jefa del Ministerio Público advirtió que “esta comisión debe exigir rápidamente el cumplimiento de las alertas, realizar observaciones y seguimiento correspondiente, y en caso de no hacerlo, iniciaremos de inmediato, acciones disciplinarias”.

Para Camargo Assis, la clave de este nuevo engranaje con la Procuraduría es que, al vincular la potestad disciplinaria, el Sistema de Alertas Tempranas logre su objetivo de prevención. “Nuestro objetivo es proteger los territorios y garantizar los derechos de los colombianos”, agregó.

Tras su instalación, tanto la procuradora Blanco como el defensor Camargo dieron instrucciones a los procuradores territoriales y defensores regionales para que realicen, de inmediato, reuniones mensuales que permitan evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Inicialmente, las Comisiones Regionales tendrán la tarea de revisar las Alertas Tempranas emitidas en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá y Huila.

En la selección de las Alertas Tempranas que serán objeto de seguimiento por la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales, se dará prioridad a la situación de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento por actores armados, así como a aquellos en proceso de reincorporación.

“Queremos que los funcionarios encargados de atender las recomendaciones hechas en los documentos de advertencia cumplan con sus responsabilidades para evitar la consumación de riesgos contra las comunidades”, concluyó el defensor del Pueblo.

Alerta Temprana por expansión del Clan del Golfo

En una de esas Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo alertó el inminente riesgo que enfrentan las comunidades de Santa Cruz de Mompox, Hatillo de Loba, Margarita y San Fernando, en el centro del departamento de Bolívar, por la presencia y acciones expansivas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se han identificado presiones y restricciones impuestas por el Clan del Golfo contra la comunidad, incluyendo la imposición de “normas de conducta” y amenazas contra líderes sociales y comunitarios. Además, se han registrado homicidios selectivos en estos cuatro municipios.

El Clan del Golfo, según el defensor Camargo, realiza patrullajes en las zonas rurales y corregimientos de estos municipios, limitando el derecho a la libre movilidad de los habitantes. También imponen horarios de cierre para el comercio, entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m.

La expansión territorial y el control social ejercido por los miembros del Clan del Golfo incluye la oferta de salarios de 1.500.000 de pesos a jóvenes para reclutarlos en sus filas. Además, las mujeres adolescentes y jóvenes se encuentran en riesgo de ser utilizadas con fines sexuales.

La Alerta Temprana también destaca la extorsión a comerciantes de la zona, quienes son obligados a pagar “impuestos” ilegales. Asimismo, se han reportado exigencias económicas a docentes, servidores públicos y contratistas encargados de obras de infraestructura, lo que en algunos casos ha llevado a la suspensión de dichas obras.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo ha instado a tomar medidas urgentes para prevenir y proteger de manera integral a las comunidades afectadas. Asimismo, hizo un llamado a brindar atención humanitaria que garantice los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

“Se deben adoptar medidas urgentes que prevengan y protejan de manera integral a las comunidades; además, se debe adelantar la atención humanitaria en favor de las comunidades, garantizando los derechos humanos y el respeto a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario”, fue el llamado del defensor Camargo.