Profesores, bajo fuego: esta es la estremecedora cifra de educadores rurales que abandonaron sus trabajos por las amenazas de los criminales

La espiral de violencia y crueldad desatada por las Farc de Iván Mordisco, el ELN y el Clan del Golfo en varias regiones de Colombia no discrimina niños, mujeres o ancianos. La cruzada criminal se dirige a toda la población que, en muchos casos, está desprotegida y a merced de quienes hablan de paz con discursos radicales mientras atacan ferozmente instalaciones militares, alcaldías, hospitales y colegios.

Los recientes atentados terroristas en Cali (Valle del Cauca), Corinto, Miranda y otros municipios del Cauca, así como los desplazamientos y confinamientos en el Bajo y Alto San Juan, Sipí en Chocó y la guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Antioquia ocasionaron que muchos profesores de áreas rurales tuvieran que abandonar sus lugares de trabajo. Tal situación generó un colapso social y dejó a los niños y adolescentes como los principales afectados.

Lo que está ocurriendo parece ser un plan criminal macabramente diseñado por estas estructuras terroristas: amenazan (o intimidan) a los docentes, los obligan a salir, las escuelas deben cerrar, los niños que quedan desprotegidos y solos mientras sus padres trabajan son blancos fáciles para ser reclutados y enviados a otras zonas del país. Así evitan que los familiares vuelvan a saber de ellos.

Ariel Pedraza, secretario de Educación de Arauca, uno de los departamentos afectados por las Farc de Iván Mordisco, le contó a SEMANA que esta situación es muy preocupante. “El conflicto armado en Arauca ha tocado el sector educativo de manera importante, dado que un número de 13 educadores han sido afectados por diversos tipos de amenazas o presiones de grupos al margen de la ley. Los intimidan y nos han obligado a tomar medidas de protección por su seguridad física y psicológica. Por lo tanto, los hemos sacado de su entorno educativo y hemos tenido que trasladarlos a otros municipios o, incluso, a otros departamentos del país”.

Los ataques contra los docentes en Arauca ocurren principalmente en Arauquita, Tame, Arauca, Fortul y Saravena. A los profesores “les manifiestan que, a raíz de su trabajo pedagógico, que incluye ejercer liderazgos en sus comunidades o, simplemente, el hecho de estar transitando por las veredas, causan alguna preocupación a los grupos al margen de la ley porque no los conocen”, señaló el secretario.

Otra de las circunstancias que han propiciado la fuga de maestros en Arauca es la instalación de minas antipersona y artefactos explosivos cerca a las escuelas. “Varias instituciones se han visto afectadas. La última, la semana pasada en el municipio de Arauca: la fuerza pública destruyó un posible artefacto explosivo que estaba muy cerca a la institución educativa. [También] en sectores que son muy transitados por los niños y la comunidad”, agregó Pedraza.

En esa misma línea, Carlos Camacho Quintero, secretario de Educación de Putumayo, alertó que en ese departamento en los últimos días renunciaron siete profesores por circunstancias similares a las que ocurren en Arauca.

“Nosotros hemos sufrido algunos fenómenos sociales, entre ellos las violencias o el conflicto armado. En los últimos tres años, le puedo dar el siguiente reporte: docentes presuntamente amenazados y desplazados del año 2022, 40; docentes presuntamente amenazados y desplazados del año 2023, 38; en el recorrido de este año, la Secretaría de Educación ha atendido siete casos de docentes. Desde el año 2022 hasta el año 2024, por lo menos 85 casos de docentes amenazados y desplazados”, le contó Camacho a SEMANA.

De igual manera, puntualizó: “Ellos (los docentes) salen y dejan sin garantizar la educación a los niños en el sector rural disperso. Es muy complicado, porque nosotros no podemos nombrar un docente para que lo sustituya o les garantice la educación a esos niños. Solamente se puede hacer eso cuando ya se esclarezca la situación y podamos reubicar al docente”.

Reveló, además, que el 98 por ciento de las amenazas contra los profesores provienen de los grupos armados (Farc y ELN) que operan en ese departamento.

En cuanto al Meta, el reporte actual son cuatro docentes desplazados por violentas amenazas del Estado Mayor Central de las Farc. Por su parte, en Antioquia la cifra es mucho más preocupante. Ese departamento reporta 33 casos de maestros amenazados y obligados a salir del territorio y de su trabajo.

“Estamos desprotegidos”

Uno de los casos más preocupantes de renuncias de profesores rurales se vive en Tolima. La gobernadora, Adriana Magali Matiz, aseguró que, aproximadamente, el 10 por ciento de los educadores que ganaron el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, nombrados en los 46 municipios que le corresponden a la Secretaría de Educación del Tolima, renunciaron a los pocos días de llegar a las instituciones donde les correspondía ejercer la docencia.

“Nosotros estamos certificados como departamento, manejamos la educación en 46 municipios, pero resulta que la asignación de los docentes se hace desde el Ministerio de Educación. Miren el problema que tuvimos este año: se hizo un concurso docente por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se presentaron nuestros docentes, los que toda la vida habían estado en esos municipios marcados por la violencia, perdieron desafortunadamente el concurso, y ganaron el concurso docentes de otros departamentos. El primero de enero empezamos el nombramiento de 2.120 docentes; de esa cantidad, hoy nos han renunciado 210”, confesó Matiz.

Para la mandataria, el principal problema es el “excesivo centralismo”, ya que los nombramientos se hicieron desde Bogotá. Matiz le restó importancia a la violencia creciente en ese departamento y expuso otras posibles razones para las renuncias, hecho que no cayó muy bien entre el gremio de docentes. “¿Y por qué renuncian? Porque cuando van y se dan cuenta de la realidad del territorio, cuando van y conocen dónde es la escuela a la que les toca ir a trabajar, que tienen que ir a lomo de mula a tres horas o cuatro horas del casco urbano, inmediatamente dicen ‘no me voy para allá’ y renuncian. Hoy tenemos un problema gravísimo, porque son 210 docentes que les hacen falta a los niños de este departamento para poder estudiar y me toca esperar que el Ministerio de Educación me dé la directriz correspondiente para proceder a nombrarlos”.

Frente a estas palabras, una profesora del Tolima, que pidió mantener su identidad bajo reserva, le dijo a SEMANA que el planteamiento de la gobernadora es equivocado y alejado de la realidad. “Ella maquilla la salida de los docentes por hechos casi estéticos, o sea, es capricho de nosotros no querer ir a trabajar, y eso es falso. Muchos han tomado la decisión de renunciar, porque estamos desprotegidos, las Farc han ganado terreno en muchos lugares y les hacen exigencia a los compañeros. ¿Usted cree que es fácil ver a estos señores con armas merodeando las escuelas para ver a qué muchacho se llevan? No es fácil y, entonces, algunos profesores no se quedan callados y les piden que se retiren, pero cuando eso pasa al otro día ya tienen una amenaza de muerte. Por eso se van, no porque nos toque llegar en lomo de mula”, señaló la educadora.

Los profesores en Colombia han quedado en medio del fuego de una violencia que se propaga con rapidez y está copando sectores donde se creía que aquellas dinámicas ya eran cosa del pasado. Los niños son los principales afectados, mientras los criminales siguen imponiendo su ley a sangre y muerte.