Prohíben consumo de agua y pescado del río Putumayo tras derrame de combustible

Luego de que se presentara un derrame de Acpm en el ruta fluvial Puerto Asís-Puerto Leguízamo, la Secretaría de Salud de Putumayo informó a la comunidad que deben abstenerse de consumir alimentos y agua provenientes del río que lleva el mismo nombre del departamento.

“Se informa que en atención a dicha emergencia, esta dependencia solicitó el plan de contingencia a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguízamo (Empuleg) para que se active las acciones relacionadas con la captación y consumo de agua en el municipio de Leguízamo”, indicó el comunicado de la Secretaría de Salud.

Dice la entidad que esta medida se impone con el fin de disminuir los riesgos de intoxicación o afectaciones a la población civil.

En contexto, la afectación en el río Putumayo ocurrió cuando una embarcación que transportaba más de 12.000 galones de combustible y 55 toneladas naufragara tras chocar con material de arrastre. Por su parte, la empresa encargada de movilizar el Acpm tendrá que cubrir con todos los daños ambientales en esa zona.

De igual manera, las autoridades investigan si la transportadora fluvial cumplía con los requisitos y documentos pertinentes para la movilización del crudo y 55 toneladas de carga.

Derrames de crudo en la región

Mientras Putumayo se enfrenta a esta emergencia ambiental, en Perú, muy cerca de este departamento, también se vive una situación similar.

Pese a que ya iniciaron las labores de limpieza del mayor derrame de crudo ocurrido en las costas de Perú, el vecino país decidió declarar la emergencia ambiental en la zona, pues el área afectada, inicialmente calculada en 1,73 millones de metros cuadrados, ha venido aumentado con el transcurso de los días.

La caída de 6.000 barriles de crudo al mar ocurrió el pasado sábado 15 de enero, cuando un carguero de la petrolera española Repsol, que transportaba 695.000 barriles, se vio sacudido por un oleaje mayor al esperado, el cual a su vez se atribuye a la erupción volcánica que ocurrió en Tonga.

Los representantes de Repsol niegan su responsabilidad y dicen no haber sido advertidos por las autoridades marítimas del posible mayor oleaje, mientras que el Gobierno peruano considera que la petrolera debía tener un plan de contingencia, como lo tienen sus colegas, para atender este tipo de situaciones y que no lo implementó.

Como resultado, se declaró la emergencia ambiental por 90 días en la zona marina costera de Lima, así como un “Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo” para la atención de la emergencia. La decisión se basa en el impacto significativo del derrame sobre el ecosistema marino costero, el cual tiene una alta diversidad biológica (fauna silvestre y recursos hidrobiológicos), así como por un alto riesgo para la salud pública.

El Gobierno peruano dio a Repsol un plazo de diez días para cumplir con todas las acciones de limpieza y descontaminación.