Las promesas incumplidas a los indígenas y afrocolombianos

En su libro Historia de la revolución de la República de Colombia, José Manuel Restrepo se refiere a la resistencia que entre 1820 y 1822 plantearon los pastusos a la recién creada República. Dice que “multitud de vidas y la destrucción casi absoluta de los bienes muebles fueron los grandes males que trajeron a aquellos pueblos el fanatismo religioso, el político por la monarquía y su funesta ignorancia”.

El relato de Restrepo y otros narradores de la época, como explica el historiador cartagenero Alfonso Múnera, crearon mitos históricos que aún hoy muchos colombianos consideran verdades históricas indiscutibles. Entre ellos, que “la Independencia fue obra exclusiva de los criollos. Los indios, los negros y las castas se aliaron con el imperio o jugaron un papel pasivo bajo el mando de la élite. Es decir, participaron en los ejércitos y murieron tan ignorantes como antes”.

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Por fortuna, nuevas generaciones de historiadores e investigadores empezaron a revaluar estos mitos desde hace más de 30 años, para establecer la real participación de los indígenas, los negros y demás minorías. Entre los nuevos hallazgos está, por ejemplo, que los indígenas de Santa Marta o de Pasto apoyaron a las fuerzas realistas no por su estupidez o falta de conocimiento de lo que pasaba. Por el contrario, como demostró Marcela Echeverri en su libro Esclavos e indígenas en la era de la revolución, apoyaron a la causa española por intereses concretos. “Las comunidades indígenas estaban lejos de haber seguido irracionalmente a las élites coloniales y religiosas. Participar en los ejércitos realistas les significaba obtener recompensas. O a los esclavizados, la promesa de libertad”.

^{Colombia ha sido siempre un país pluriétnico, pero solo la Constitución de 1991 reconoció esa característica.}

A 200 años de la batalla de Boyacá, conviene romper definitivamente con los mitos racistas creados al justificar la independencia. Como se sabe, Colombia surgió en medio de una profunda contradicción entre los ideales republicanos defendidos por los padres de la independencia y el reconocimiento real de la ciudadanía a los indígenas y negros. Aquellos creían en que la base de la nueva sociedad colombiana debía fundarse en la libertad e igualdad de los ciudadanos, pero tuvieron dudas y temores de otorgárselas a indígenas y negros. De ahí las barreras que impusieron, por ejemplo, para que pudieran votar.

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Como explica Carl Henrik Langebaek, la élite republicana tenía una percepción que oscilaba entre el indio civilizado y el indio bárbaro. Durante el periodo de independencia y los primeros años del Estado, la intelectualidad deconstruyó una imagen idílica del pasado indígena. Esa interpretación tenía un objetivo político preciso: mostrar la barbarie española para así justificar el movimiento independentista.

A la hora de la verdad, las élites aplicaron lo que podría llamarse una política de garrote y zanahoria con las comunidades indígenas. Estas solo podrían disfrutar las ventajas de la ciudadanía y de los valores republicanos si, y solo si, renunciaban tanto al pasado colonial como a sus tierras.

En las constituciones de Cúcuta de 1821 y Neogranadina de 1832 quedó estipulada la necesidad de repartir los resguardos en pequeñas propiedades individuales entre indígenas. Para los legisladores, las tierras comunales eran una tara del pasado que mantenían a estas comunidades en un perpetuo atraso. Por eso, solo era posible propiciar el progreso al promover la propiedad. Esas normas enfrentaron una férrea oposición y explican, en parte, los levantamientos contra el Estado presentados entre 1820 y 1824 en zonas como Pasto y Santa Marta.

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Si para los indígenas el surgimiento de la república llegó acompañado del garrote, para los esclavizados y negros la situación no fue mejor. Simón Bolívar y otros próceres se mostraron a favor de declarar la manumisión de los esclavos que participaran en el Ejército Libertador. Pero una vez terminadas las guerras de independencia incumplieron esta promesa y solo otorgaron en el Congreso de Cúcuta la libertad de vientres. Es decir, que los hijos de los esclavos nacían libres. Los esclavistas hicieron todo lo posible para evitar que esa norma entrara en vigencia. Esa situación dejó a los esclavos por fuera de la ciudadanía y se podría decir que en una posición más precaria que la de los indígenas, porque ante la ley ellos eran una propiedad. Una vez decretada la manumisión en 1851, ellos tuvieron que emprender la tarea no solo de luchar por obtener sus derechos ciudadanos, sino por buscar tierra en donde vivir. Esos dos aspectos serían la constante de las comunidades afro durante los 200 años de vida independiente.

Lo mismo ha pasado con los indígenas, quienes han tenido que luchar por lo que podría llamarse el ímpetu civilizador y la integración nacional. Al momento del nacimiento de la República, el país contaba con extensos territorios baldíos, que se creían desiertos, pero habitaban culturas indígenas. En La Guajira, la Orinoquía, la Amazonía, el Chocó, el Urabá y en las selvas de los valles de los ríos Cauca, vivían centenares de comunidades de las cuales en la actualidad quedan pocas. Desaparecieron como consecuencia de las campañas civilizatorias emprendidas por el Estado y las órdenes religiosas, de la persecución de colonos y terratenientes, y de la expansión de la frontera agrícola y económica. En otras palabras, la integración territorial ha traído más problemas que beneficios a los indígenas.

Sin embargo, la respuesta de esos pueblos afectados es la parte esperanzadora de la historia. Así como lo hicieron en la colonia, se ha organizado una lucha por distintos medios para obtener que el país honre las promesas incumplidas de la independencia. Una lucha que ha tenido frutos importantes.

*Historiador y periodista de SEMANA