Proponen tope a la dosis de aprovisionamiento y cárcel por permitir narcoventas en establecimientos

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, entregó al Congreso de la República el anunciado proyecto de ley con el que busca endurecer la lucha contra el microtráfico -más cuando haya involucrados menores de edad-, atacar la reincidencia y actualizar el Código Penal para castigar conductas ilegales en las redes sociales.

Lo primero que hace esta iniciativa es zanjar la vieja rencilla que surgió después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que permitió el porte de la dosis de aprovisionamiento. Aunque el alto tribunal abrió esta puerta, no estableció un tope, lo que provocó que las autoridades a cargo de la seguridad ciudadana, con el fiscal general como vocero, advirtieran un supuesto boquete en favor de los expendedores, que les permitía transitar por las calles con dosis que superaran la mínima. 

Después del choque que provocó con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal aterrizó su propuesta y le pidió al Congreso que cree un límite a esta dosis de aprovisionamiento. El ente acusador pidió que se fije un estándar de cantidades claro y que sea máximo del doble que de lo que constituye hoy la dosis mínima. Según las reglas de la Ley 30 de 1986, la cantidad máxima de la dosis personal es de 20 gramos para la marihuana, 5 gramos para el hachís, 1 gramo para la cocaína y 2 gramos para la metacualona.

De ser aprobada esta iniciativa, el cambio de reglas en las calles sería drástico. Aunque está permitido el porte y consumo de la dosis mínima, el fiscal planea convertir en un nuevo tipo penal que es el favorecimiento al tráfico y consumo de estupefacientes. Por esta vía, se permitiría, dice el proyecto, actuar contra los dueños, encargados o administradores de todos aquellos establecimientos abiertos al público que toleren la venta de estupefacientes en las instalaciones. De incurrir en estas conductas, las penas serían de entre 4 y 8 años de prisión. 

A quienes busquen medios engañosos y suministren cualquier droga a menores de edad los castigos serían endurecidos. El fiscal ha revelado en diferentes operativos cómo los expendedores de drogas, incluso de producción artesanal sin que se tenga claro su efecto nocivo en el organismo, es suministrada a menores de edad en las puertas de los colegios y en parques recreacionales. Para frenar esta práctica, la Fiscalía propone que quien incurra en estas conductas recibirá una pena de 10 a 20 años de prisión y la sanción podría aumentar hasta 30 años si la víctima es menor de 12 años. 

En el abanico de propuestas para frenar los problemas de seguridad ciudadana, el fiscal propone medidas para endurecer los castigos por reincidencia y penalizar a quien permita el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles. En el primer caso, Martínez le pide al Congreso que considere como causal de agravación y de mayor castigo penal a quienes reiteradamente incurran en conductas delictivas -aplicando la máxima proporción de la condena para quienes hayan delinquido en la última década- y cerrarles las puertas para que no puedan acceder a beneficios de prisión domiciliaria por tiempo cumplido de condena y de libertad condicional. 

Para hacer frente a los constantes escándalos por traslados a guarniciones militares o la concesión de beneficios como la detención domiciliaria, el fiscal quiere tener participación en la toma de estas decisiones. Esta participación, dice el proyecto, consistiría en que el ente investigador emita conceptos que dejen a la luz consideraciones importantes tendientes a evitar que se continúe con la comisión de un delito y se prolongue un daño para la ciudadanía.

También se pide penalizar el ingreso o extracción de elementos prohibidos en los establecimientos carcelarios. Tal es el caso del uso de teléfonos celulares, que facilita a las personas privadas de la libertad dar órdenes o continuar con la coordinación de acciones criminales. El proyecto propone eliminar los beneficios a que tenía derecho el recluso que se fugue, así regresen voluntariamente a los centros carcelarios en un tiempo determinado, como ocurre en la actualidad. 

Penalizar el ‘sexting‘

El fiscal pretende pasar al escenario de lo penal una práctica que crece de manera silenciosa entre los jóvenes sin que los adultos entiendan siquiera en qué consiste. El sexting es una nueva modalidad de pornografía juvenil que ha aumentado en un 70 por ciento este año y se refiere al hecho de enviar y compartir contenidos propios de tipo erótico o pornográfico por medio de dispositivos personales como tabletas, celulares, portátiles. 

Esta práctica, además de ser cada vez más frecuente, lleva al bullyng, matoneo y hasta extorsiones mayoritariamente contra menores de edad que se ven amenazados para no publicar sus imágenes íntimas. Hasta el momento, las autoridades habían tratado este tema en los tribunales como casos de pornografía infantil que podrían llegar a tener sanciones que iban desde pagar multas de 1.500 salarios mínimos, hasta una pena de 10 a 20 años de cárcel a quienes publiquen, produzca, divulgue o compre pornografía infantil. 

Con esta inicativa que estudiará el Congreso se plantea la penalización de algunas formas de sexting con sanciones que van de 6 a 10 años de prisión para quien tenga la intención de causar daño y sin la autorización del titular del contenido. El delito de extorsión se agravará cuando se amenace a las personas con publicar o revelar imágenes de contenido íntimo.