Protección para líderes sociales ante constantes homicidios, va a examen en la Corte Constitucional

Las cifras de asesinatos de líderes sociales en Colombia son escalofriantes. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 fueron asesinados 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio nacional.

En 2022, el panorama no parece mejorar. Por esa razón, la Corte Constitucional acaba de convocar a una audiencia pública para el próximo jueves 28 de abril de 2022, a partir de las ocho de la mañana, y será transmitida por todos los canales y redes sociales de la corporación judicial.

En enero de este año, la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía aseguró recientemente haber obtenido un “resultado histórico” tras lograr en 2021 un “68,35 % de avance en el esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales reconocidos por la ONU”.

“En 285 de los 417 casos conocidos hubo acciones judiciales efectivas. Esto representa un aumento de 16 puntos porcentuales, en el entendido de que, en febrero de 2020, el avance de esclarecimiento se ubicaba en 52 %”, señaló la Fiscalía, al entregar el balance de esclarecimiento de hechos criminales contra líderes sociales en lo corrido del año pasado.

El asunto de fondo que discutirá el alto tribunal versa sobre nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales, entre ellas, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación. Los accionantes en este caso consideran vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran.

Según los escritos de tutela, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios: por ejemplo, que algunos de los accionantes no cuentan con protección de la UNP; otros afirman que si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad ello no ha sido suficiente dado que los esquemas de protección no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.

Igualmente destacan que esto ha afectado la representación de las colectividades y no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.

Según la Corte, la audiencia abarcará cuatro ejes temáticos. Primero, la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos. Segundo, las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección la población líder y defensora de derechos humanos.

Tercero, la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de grupos, colectivos y/o comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos en Colombia. Cuarto, la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos acorde con el Acuerdo Final para la Paz