La huelga de escoltas que la Unidad de Protección califica de ilegal

La solución exprés que encontró la Unidad Nacional de Protección para darle continuidad a su programa de protección podría detonar esta semana en un bloqueo que pone en riesgo la seguridad de líderes sociales, políticos y demás beneficiados por estos esquemas.

La crisis estalló por el evidente problema presupuestal de una entidad que pasó de tener 500 escoltas en el 2009 a más de 4.800 en el 2019. Operar este gigante vale alrededor de medio billón de pesos y, según admite la misma Unidad de Protección, no hay suficiente plata para ponerlo a andar todo este año. Por ello, lanzaron una solución temporal que generó roces con los cientos de escoltas que, aunque no tienen vinculación directa, son el grueso de personal que presta el servicio de protección en el país.

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El remedio consistió en abrir una licitación mediante un proceso de selección abreviada que tiene como término de ejecución cinco meses, tiempo que quedaría cubierto con el presupuesto disponible. La idea del director de la entidad, Pablo Elías González, es ganar tiempo para solicitar las adiciones presupuestales suficientes para no tener ninguna dificultad hasta el fin de año.

El apretón sentó mal. Los sindicatos de las empresas de seguridad que trabajan para la Unidad manifestaron su rechazo por la medida y convocaron este jueves a un cese de actividades. Reclaman el incumplimiento en los acuerdos sindicales para reestructurar la entidad. Manuel Roberto Medina, integrante del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg), que agremia a dos de las siete empresas que tienen contratos con la UNP, aseguró que este proceso de licitación es una señal más de la inseguridad laboral en la que están los agentes de vigilancia del Estado.

Para el vocero, existen grandes diferencias laborales entre los 500 agentes que la entidad tiene como planta y los que prestan sus servicios a través de la tercerización con empresas de seguridad privada. Y no existe ninguna certeza frente a qué pasará con los otros 7 meses del año. "Los contratos de las empresas de vigilancia en cualquier momento se puede acabar y nos desvinculan.  Hay trabajadores que llevan muchos años en el programa de protección", precisó.

Medina le insiste a la Unidad que se llegue a un acuerdo para pactar contratos provisionales directos con los agentes, lo cual ayudaría a que de un lado los escoltas tengan mejores condiciones laborales, y de otro, la entidad se ahorre el 20 por ciento en gastos de operación que hoy quedan en manos de los agentes de vigilancia.

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Mientras que en redes sociales las quejas crecen, los líderes del gremio alientan a un cese de actividades voluntario este martes, que podrá prolongarse por el tiempo en que sus requerimientos sean atendidos. Aunque Medina asegura que se trata de un paro en el que están convocados los mismos protegidos que se solidarizan con la causa y no participarán aquellos esquemas que por seguridad no se puedan desvincular, la Unidad de Protección no piensa lo mismo. 

Para la entidad del Gobierno la convocatoria redundaría en desprotección y pondría en riesgo la vida de los protegidos con la consecuente responsabilidad por omisión. "En agosto del año anterior (...) la UNP no contaba con el presupuesto para terminar el año, el Gobierno Nacional garantizó los recursos económicos necesarios, no hubo ningún traumatismo en la prestación de la seguridad de los protegidos y atendió las nuevas demandas de protección", señaló. 

Solicitaron a los operadores privados tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los beneficiarios de la UNP. También le pidieron al Ministerio del Trabajo que verifique la ilegalidad del cese de actividades por tratarse de un servicio esencial. La crisis de presupuesto de la Unidad Nacional de Protección detona en un momento en que las cifras de líderes sociales asesinados están en rojo y los líderes defensores de Derechos Humanos reclaman la insuficiencia de personal que tiene la entidad para atender la amenaza.

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