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Protocolos garantizan 15 días para el retorno de los jefes del ELN

SEMANA conoció el documento secreto que firmó el gobierno anterior con la guerrilla. Este establece lo que se debería hacer en caso de un rompimiento de los diálogos. Exclusivo.

21 de enero de 2019
"Esos protocolos no fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”, había dicho el Alto Consejero para la Paz, Miguel Ceballos | Foto: SEMANA

El tema más espinoso después del rompimiento definitivo de los diálogos con el ELN tiene que ver con cómo sería el retorno de sus líderes de Cuba, donde adelantaban la negociación de paz. El gobierno del presidente Iván Duque pidió la activación de las circulares rojas de Interpol contra ellos y le solicitó a la isla que facilite su captura. Sin embargo, antes de comenzar la negociación, esa guerrilla había firmado con el gobierno un protocolo sobre cómo se daría un rompimiento en el proceso. Hasta ahora, esas condiciones no se conocían, pues el contenido de ese documento es secreto. SEMANA conoció el texto en el que se detalla claramente ese procedimiento. El actual gobierno ha rechazado cumplirlo con el argumento de que nunca se sentó a la mesa a negociar con el ELN. 

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El protocolo garantiza que las partes contarán con 15 días a partir del anuncio del quiebre de las negociaciones para "planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN".

El documento está firmado por el entonces jefe negociador del gobierno, Frank Pearl, y el jefe de la delegación de la guerrilla, Antonio García. En el segundo punto se garantiza que las partes contarán con 15 días a partir del anuncio del quiebre para "planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN". En este se establece que el procedimiento de retorno quedaría acordado con los países garantes, así como los delegados del gobierno y de la guerrilla.

Hay detalles muy específicos que quedaron por escrito. Por ejemplo, que en caso de ser necesarias inserciones en territorio colombiano del ELN, las operaciones militares deberán cesar 72 horas, en unas áreas que se pueden definir entre las partes. Agrega que las coordenadas de dicha área deben ser entregadas a los países garantes y al gobierno colombiano 48 horas antes de que se desplieguen las operaciones. Esas coordenadas las debería llevar uno de los miembros del ELN que sería trasladado. También se dispone que los helicópteros estén en tierra solo durante una hora después del aterrizaje y desembarco de la delegación. 

En caso de rompimiento, las operaciones militares deberán cesar 72 horas, en unas áreas a definir.

En el documento también quedó previsto uno de los puntos que generan más desconfianza: cómo se realizaría esa operación en caso de que se incluya una mediación o tránsito por Venezuela. En ese caso, se contará con el acompañamiento de representantes de ese gobierno y de al menos otros dos países garantes hasta el aeropuerto que se defina en ese país. En ese territorio, el ELN "se trasladará bajo la responsabilidad del gobierno de ese país". El gobierno colombiano, por su parte, "solicitará a quien corresponda las autorizaciones y apoyos necesarios y otorgará las que se necesiten para todas las operaciones de retorno de la delegación". 

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Los países garantes (Cuba, Noruega, Brasil y Chile) tienen a su vez una responsabilidad clave, pues quedaron de proporcionar el transporte requerido, en la eventualidad de que las partes no definan otra cosa. En los movimientos dentro del territorio colombiano, quedó acordado que se incluiría un representante del gobierno nacional. Asi mismo, quedó escrito que cualquier duda se resolverá de común acuerdo entre las partes y estos países, buscando preservar la seguridad de la delegación elena.

 Un tema complejo

Luego de que se reactivaron las órdenes de captura de la Fiscalía a los cabecillas del ELN y que se cancelaran los diálogos, el gobierno le pidió a Cuba que capture a los negociadores guerrilleros. Aunque, como en cualquier negociación, el gobierno anterior había pactado un protocolo para que los elenos regresaran a la clandestinidad en caso de que se levantara la mesa, Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, aseguró que este documento no aplica.

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Un primer argumento del gobierno de Duque es que la Corte Constitucional en la sentencia del Plebiscito aseguró que las negociaciones de paz son "políticas públicas y no de Estado", razón por la cual los diálogos iniciados por la administración de Santos no obligan al actual gobierno. "Para aquellos que quieren justificar (con el protocolo) que no estén en Colombia, no tienen idea de su contenido. Los protocolos están destinados a procedimientos logísticos una vez se rompieran estos diálogos, que jamás reactivamos, que jamás continuamos. Esos protocolos no fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”, sostuvo Ceballos.

"Esos protocolos no fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”, Miguel Ceballos

Además, el gobierno se ampara en el comunicado que emitió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el atentado. En este, calificaron el hecho como un ataque terrorista y pidieron que sus responsables fueran llevados ante la justicia. Como Cuba hace parte de la organización de naciones, Colombia interpreta que debe cooperar con ese mandato de la lucha contra el terrorismo. El gobierno fue enfático en que no solamente adelantarán las comunicaciones con Cuba para que entregue a los integrantes de esta guerrilla sino que activarán el tratado de extradición que está vigente con el fin de que estas personas lleguen al país de manera "rápida y efectiva".

La decisión generó controversia al instante. Por medio de su cancillería, Cuba sentó su posición: respetarán los protocolos pactados. Habrá que ver si esa posición cambia ante las peticiones hechas desde Colombia o ante el eventual apoyo que países vecinos, y en especial los garantes de los diálogos, le darán a la posición de Duque. Quienes cuestionan la medida, dicen que mina la confianza en futuras negociaciones y en el papel que cumplen los países garantes en este tipo de procesos. Además, ven el protocolo como un compromiso de Estado, y no solo de un gobierno, por lo que tiene que ser respetado.

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Con este escenario, Cuba queda en una posición muy complicada. Por ahora, es muy poco probable que ceda ante las exigencias del gobierno Duque, pues significaría incumplir ante una de las partes las condiciones esenciales sobre las cuales se pactó que las negociaciones se dieran en ese país. Del mismo modo quedan los países garantes que se enfrentan ante el dilema de irrespetar un documento ya firmado y apoyar la posición del gobierno actual, o respetar ese documento pero estar en contravía de un país amigo. En el caso por ejemplo de Brasil, no será un tema menor el cambio de gobierno, pues Jair Bolsonaro ya le pidió por ejemplo a Venezuela que no se preste para ser guarida del ELN.  

Por ahora, también hay que decir, que las conclusiones que presentó en la mañana del lunes el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, no han sido respaldadas por los organismos a quienes hacen mención, como la Corte Constitucional o las Naciones Unidas. Se viene un intenso debate jurídico sobre qué directrices deben seguirse, si las del gobierno actual o las que quedaron firmadas con el gobierno anterior. En el entretanto, la posición del ELN cada vez será más débil. El comunicado de la mañana del lunes, en un tono tan desafiante, hará que casi ningún vocero de la opinión pública se la juegue por respetar los protocolos. Pero la opción del gobierno Duque tampoco es nada fácil ni posible sin el apoyo de Cuba y los países garantes. Y por ahora, el gobierno no cuenta con ellos. 

Vea el facebook live en el que el director editorial de SEMANA, Rodrigo Pardo, y la directora de Semana.com, Cristina Castro, analizan lo que está pasando con el ELN: