"No hay protocolo que ampare el terrorismo": alto comisionado de paz

A la mano dura manifestada por el presidente Iván Duque tras el ataque con carro bomba a la Escuela General Santander, se sumó un pronunciamiento de la comunidad internacional en el que el ahora el Gobierno buscará ampararse para poder llevar a la práctica las decisiones radicales que tomó en contra del ELN.

Ante el rompimiento de los diálogos de paz que se adelantaba con esta guerrilla, el anterior gobierno había pactado un protocolo que lo obligaba a trasladar a los integrantes del equipo negociador del ELN que estuvieran en La Habana para que regresaran a las filas en Colombia. A través de un comunicado, el gobierno de Cuba recordó el cumplimiento de este pacto y señaló que se ceñirá a él.

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Minutos después, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el canciller, Carlos Holmes Trujillo, dieron a conocer los argumentos jurídicos que tiene Colombia para activar las órdenes de captura internacionales en contra de los jefes guerrilleros e insistir en ellas hasta que sean llevadas a la práctica. 

Al respecto, un primer argumento del Gobierno de Duque es que la Corte Constitucional en la sentencia del Plebiscito aseguró que las negociaciones de paz son "políticas públicas y no de Estado", razón por la cual los diálogos iniciados por la administración de Santos no obligan al actual gobierno. "Para aquellos que quieren justificar (con el protocolo) que no estén en Colombia, no tienen idea de su contenido. Los protocolos están destinados a procedimientos logísticos una vez se rompieran estos diálogos, que jamás reactivamos, que jamás continuamos. Esos protocolos no fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”, enfatizó Ceballos.

Los delegados del Gobierno procedieron después a dar a conocer el comunicado firmado por el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, José Singer Weisinger, en donde califica el carro bomba en la Escuela General Santander como un "ataque terrorista". Bajo esta sombrilla, el Gobierno afirma que "no hay protocolo que pueda estar por encima de una calificación de este tipo".

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Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia; los no permanentes Alemania, Bélgica y Costa de Marfil. Los delegados de estos países aseguran que "el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional". 

Por ello instaron a que sean llevados ante la justicia "a los perpetradores, organizadores, financieros y patrocinadores de estos actos reprensibles de terrorismo". Además a que todos los Estados actúen de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, con el fin de que cooperen activamente con la Gobierno de Colombia y todas las demás autoridades relevantes al respecto.

Este último punto fue subrayado por el alto comisionado al considerar que el ELN debe ser juzgado en cualquiera que sea su condición y los Estados miembros de la Organización debe cooperar. 

Al hacer Cuba parte de las Naciones Unidas, el gobierno colombiano asegura que no pueden ampararse en el protocolo en cuestión para no entregar a la Justicia a los miembros del ELN que se encuentran en su territorio. "Nosotros, como Gobierno obediente de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, no podemos permitir que se aplique un protocolo para que estos señores se internen en las selvas", enfatizó el alto comisionado para la Paz.

El gobierno fue enfático en que no solamente adelantarán las comunicaciones con Cuba para que entregue a los integrantes de esta guerrilla sino que activarán tratado de extradición que está vigente con el fin de que estas personas lleguen al país de manera "rápida y efectiva".

Ceballos fue enfático en que el pasado 17 de enero, en la Escuela de Cadetes, murieron personas que iban a ser policías pero que aún no lo eran: "era una zona de formación, resultó herida una niña. (...) No vamos a entrar en discusiones más allá de lo expresado por el Consejo de Seguridad, es un acto terrorista cometido contra personas inermes, desarmadas y niños". 

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Comunicado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

Fue emitido hoy por el presidente del Consejo, José Singer Weisinger (República Dominicana)

Los miembros del Consejo de Seguridad condenaron en los términos más enérgicos posibles el ataque terrorista en la Academia de la Policía Nacional de General Santander en Bogotá el 17 de enero de 2019, que dejó varios muertos y decenas de heridos.

Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron sus más sinceras condolencias y condolencias a las familias de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de Colombia, y desearon una pronta recuperación de los heridos.

Los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales.

Los miembros del Consejo de Seguridad subrayaron la necesidad de llevar ante la justicia a los perpetradores, organizadores, financieros y patrocinadores de estos actos reprensibles de terrorismo e instaron a todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con la Gobierno de Colombia y todas las demás autoridades relevantes al respecto.

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Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron que cualquier acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier persona cometida.

Los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron la necesidad de que todos los Estados combatan por todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario, amenazas a La paz y la seguridad internacionales causadas por los ataques terroristas.


Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia, ocurrido el 17 de enero de 2018 en Bogotá, Colombia, que dejó, al menos, 21 personas muertas y 68 heridas. La CIDH expresa sus condolencias a las familias de las y los jóvenes cadetes que perdieron la vida en estos repudiables hechos de violencia que afectan una vez más los anhelos de paz del pueblo colombiano.

Según información pública, dicho atentado terrorista se registró alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves 17 de enero, cuando una persona que entró por la fuerza a las instalaciones de la academia manejando una camioneta Nissan Patrol modelo 93, cargada con 80 kilos de pentolita. El conductor, al ser inspeccionado, aceleró atropellando a un policía que estaba frente a su carro, y logró internarse en las instalaciones donde el carro bomba explotó frente al alojamiento de mujeres.

Las autoridades colombianas identificaron al conductor como Jorge Aldemar Rojas, quien, de acuerdo a las investigaciones iniciales, sería miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo a las declaraciones de las autoridades a cargo de la investigación, el acto terrorista habría sido ideado y consumado por ese grupo guerrillero, con el que se han realizado diferentes intentos para iniciar un proceso de paz.

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La Comisión ha seguido de manera estrecha los ingentes esfuerzos realizados en Colombia hacia la consolidación de la paz, requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos. La CIDH reitera su enérgico repudio a los actos de violencia que siguen siendo empleados por actores al margen de la ley que continúan armados, con el fin de aterrorizar a la población civil e intimidar a las instituciones. La CIDH confía que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para investigar los hechos, juzgar y castigar a quienes resulten responsables de estos graves hechos, que constituyen el atentado más grave que se haya registrado en 10 años en la ciudad de Bogotá.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.